El partido independiente Roteños Unidos ha manifestado su preocupación por la nueva Ley de Telecomunicaciones aprobadas por las Cortes Generales el pasado 11 de mayo, y de la cual han tenido conocimiento más profundo a través de una circular de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Esta nueva Ley, según ha explicado la presidenta de Roteños Unidos, Laura Castellano, supone cambios estructurales en el régimen jurídico de las empresas de telecomunicaciones, que están encaminados a facilitar la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, "tienen una gran incidencia en las competencias y servicios que prestan actualmente las entidades locales, de ahí nuestra preocupación".
Castellano destaca de esta reforma legislativa el hecho de que las entidades locales no podrán fijar limitaciones ni establecer condiciones técnicas ni jurídicas sobre cómo ha de llevarse a cabo la utilización del dominio público local, imponiendo a los Ayuntamientos condicionantes urbanísticos con independencia de lo que la Corporación local considere que es mejor para su municipio, y en el supuesto en que existieran discrepancias entre la administración general del Estado y las entidades locales para la tramitación y desarrollo de estas redes públicas de comunicación, si el Gobierno de la Nación considerase que están justificadas las mismas, será directamente el Consejo de Ministros y no el Planeamiento local el que autorice la ubicación de infraestructuras de red, debiendo el Ayuntamiento en cuestión incorporar en su normativa urbanística lo otorgado por el Gobierno.
La presidenta de RRUU señala que esta nueva Ley, "elimina licencias y autorizaciones por parte de la administración para determinadas categorías de instalaciones, y permite a los operadores realizar despliegues aéreos por fachadas". De ahí la preocupación de Roteños Unidos, ya que, según Laura Castellano, "se limitan nuestras competencias".
Por su parte, el concejal de RRUU y delegado de Nuevas Tecnologías Antonio Izquierdo, ha manifestado "la inquietud" del partido ante esta nueva Ley, "que va totalmente en contra de la autonomía de las entidades locales, cosa que a nosotros, como partido localista y municipalista, nos causa disconformidad y rechazo".
Ya en el pleno del mes de mayo el partido EQUO expuso en su intervención esta vulneración de lo local, y RRUU tomó el testigo para asumir esta petición de EQUO para preparar una moción que será llevada al Pleno ordinario de junio. "Somos conscientes de que el avance de las nuevas tecnologías forma parte del día a día, pero tambié es cierto que hay un preocupación de la ciudadanía sobre las consecuencias que conllevan lo que es el uso y la exposición continuada a las radiaciones que emiten las antenas móviles o las antenas wifi. También existen informes muy contradictorios sobre los posibles daños, pero sabemos que existe esta inquietud y nosotros vamos a presentar esta propuesta, porque la nueva Ley viene a transgredir las capacidades de un municipio, que también tiene sus competencias en cuanto a la salubridad pública de sus ciudadanos, y que no cuenten con los Ayuntamientos para formular esta nueva Ley, no nos parece bien", ha dicho el delegado.
Desde el Ayuntamiento de Rota se ha venido trabajando en una línea de actuación "conciliadora", ha explicado el delegado, que ha informado de que se creó una Comisión Técnica, si bien es cierto que la competencia del espectro radioeléctrico es del Estado, para planificar de forma consensuada junto a las operadoras la instalación de nuevas antenas móviles. Dicha comisión está formada por concejales de los partidos con representación municipal, técnicos municipales y la propia operadora, y se planteó que preferentemente la instalación de nuevas antenas se realizase haciendo uso de los equipamientos municipales, evitando un despliegue incontrolado de antenas en cualquier azotea. "Hemos querido planificar cualquier petición para coordinarla para evitarlo, aprovechando las instalaciones que ya existen", ha explicado Izquierdo.
"Con la nueva ley nos arrebatan a los ayuntamientos la posibilidad de llegar a ese consenso y de una colaboración mutua entre municipios y operadoras para aprovechar el mapa radioeléctrico ya existente, poniendo en práctica el principio de prudencia ante la instalación de nuevas antenas" al no conocerse con seguridad sus efectos en la salud, pero sin rechazar el avance de las nuevas tecnologías.
La moción de RRUU mostrará el rechazo a la nueva ley, planteando un despliegue de las nuevas tecnologías "seguro y saludable", y permitiendo la participación en el proceso de todos los actores implicados, gobiernos autonómicos, locales, asociaciones o colectivos afectados, y científicos especialistas en la materia.
