La Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga ha anulado mediante una sentencia la contratación de la empresa jerezana 'Territorio y Ciudad' para la redacción del nuevo PGOU de Ronda. La sentencia llega tras un procedimiento de 10 años que se inició tras que dos ex concejales de la ciudad denunciaran dicha contratación, en concreto el ex edil del PSOE Pedro Fernández Coca y Remedios Ruiz, quien fuera portavoz de IU.
Los defectos detectados son graves, apuntando el escrito que se establecieron criterios al margen del pliego de condiciones. Añade que el Consistorio, que no se ha defendido en el proceso, sí lo ha dilatado, evitando responder de inmediato a los requerimientos judiciales, no pudiendo siquiera acreditar cuál fue el pliego de condiciones aprobado para la contratación.
El Ayuntamiento podría recurrir la sentencia, que obliga al Consistorio a dejar el contrato en liquidación, debiendo abonar el trabajo al equipo redactor independientemente de la nulidad del mismo.
Tras conocerse la noticia, en el Ayuntamiento han optado por guardar silencio. Desde el Gabinete de Prensa se remitió en primera instancia un mensaje por teléfono móvil a los periodistas afirmándose que no habría declaraciones de ningún responsable municipal a propósito de este asunto. Más tarde, a través de un correo electrónico, se informó que "el Ayuntamiento no ha tenido aún comunicación oficial de la sentencia. No obstante, tras conocer las informaciones publicadas en la prensa, se expresa que una vez que se reciba la citada sentencia se pondrá en manos de los servicios jurídicos municipales para que la estudien y se actúe en consecuencia".
ANTECEDENTES
La contratación de la empresa de Manuel González Fustegueras para la redacción del nuevo PGOU de Ronda se produjo tras la moción de censura de PP, PA y GIL contra Isabel Aguilera. Se da la circunstancia de que en aquel Gobierno, junto a Antonio Marín Lara, ya se encontraban la actual alcaldesa y teniente de alcalde de la ciudad, Mari Paz Fernández e Isabel Barriga. En 2006, tras denunciar el GIL retrasos en la presentación de los documentos, de acuerdo a los plazos dados por la empresa, y tras asegurar que la empresa habría presentado unos documentos que conocerían el entonces alcalde y el edil de obras, José Herrera, éste último afirmó que la portavoz de los gilistas rondeños, Trinidad Aragón, habría visto "monitos", en relación a los planos que llegó a enseñar entonces ante los periodistas. El PSOE habló entonces de presuntas informaciones privilegiadas.
Pero el PGOU, que sirvió como argumento para aquella moción de censura, sirvió después para romper el pacto entre PP y PA e iniciarse un gobierno entre andalucistas y socialistas, que acabaría con la integración de Marín Lara y los suyos en el PSOE.
Pese a aprobarse inicialmente el nuevo Plan General en 2012, de nuevo con PP y PA en el Gobierno, el proceso sigue paralizado. El Ayuntamiento ha culpado a la Junta de dicha situación, por no emitir unos informes necesarios para continuar el proceso. La Delegación Territorial de Medio Ambiente, encargada de ello, niega estos extremos y afirma que el Consistorio tiene en su haber toda la documentación que ha sido requerida a la administración regional.
![Valdenebro sobre la sentencia del PGOU: \](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/streaming-ai-videos-out/1409151728_viernes-12-psoe-pgoumpeg2video.3.jpg "Valdenebro sobre la sentencia del PGOU: \")
