El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría reitera tanto la legalidad de la adjudicación como la construcción del chiringuito de la ría, al tiempo que manifiesta su absoluta tranquilidad y confianza en todos los técnicos municipales que han participado en su tramitación. Asimismo puntualiza que tanto la Dirección General de Costas como la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han supervisado y dado el visto bueno a todo el proceso que se ha seguido desde el Consistorio.
En este sentido, el equipo de Gobierno insiste en que el chiringuito cumple con la normativa actual exigida por Costas, que contempla la instalación de estos establecimientos de un modo fijo y no por temporada, con una superficie de 150 metros, ampliables a 298 si el adjudicatario así lo solicita. La ley de Costas 22/88 de 28 de julio, desarrollada en el RD 876/2014 de 10 de octubre, se centra en la superficie de estos establecimientos fijos de playa pero no en los materiales que se empleen para su construcción.
El pliego de condiciones de este año para la concesión de ocho establecimientos en la playa urbana de Punta Umbría, que el Ayuntamiento adjudicó mediante concurso público, el pasado 7 de marzo, se acoge a esta modalidad de chiringuitos fijos por un periodo de diez años, ampliables a otros cinco, que recoge la actual normativa. Se trata de estructuras fijas pensadas para estar en funcionamiento todo el año y no solo la temporada estival.
Respecto a la situación del Paraje Natural, el equipo de Gobierno quiere aclarar que la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía permite la concesión de un chiringuito fijo en la ría porque no se encuentra en ese territorio protegido. El Paraje Natural es solo la franja comprendida entre la bajamar y la Isla Saltés.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra José Carlos Hernández Cansino, Ramón López, Lorenzo Daolio y cualquiera que vierta acusaciones o denuncias falsas contra políticos o técnicos municipales relacionadas con este asunto.
