La Audiencia Provincial de Granada ha vuelto a señalar para el próximo 28 de noviembre el juicio contra un ciudadano español acusado de un supuesto delito continuado de blanqueo de dinero procedente de "actos criminales o delictivos" por valor de al menos 972.000 euros, que le fueron haciendo llegar una pareja de súbditos chinos para la compra de bienes inmuebles en España.
Estaba previsto que los hechos fueran juzgados el pasado 20 de septiembre de 2018 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, en un juicio que ya había sido señalado previamente para el 14 de diciembre de 2017.
La Fiscalía de Granada pide tres años y medio de prisión para este procesado, que actuaba supuestamente "a sabiendas de la procedencia ilícita de ese dinero y por orden de los referidos súbditos chinos", de los cuales el varón fue extraditado a su país en virtud de una orden internacional de detención notificada por Interpol, y su compañera sentimental está en paradero desconocido, según consta en su escrito de acusación provisional el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
El fiscal califica alternativamente los hechos como constitutivos de un delito continuado de blanqueo de dinero por imprudencia grave, por los que pediría un año y nueve meses de prisión para el acusado, que está previsto que sea juzgado el próximo 28 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
El Ministerio Público --que también pide al procesado multa de 1,8 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión e industria por dos años, y clausura de su empresa inmobiliaria-- señala que los ciudadanos chinos, "con la finalidad de esconder el origen ilegal del referido patrimonio y aflorarlo de manera lícita, invirtieron grandes sumas de dinero en España mediante la adquisición de bienes inmuebles".
Para ello, recurrieron al acusado y a otro súbdito chino con residencia en España, en paradero desconocido actualmente, siendo "utilizados" ambos "para disponer del amplio patrimonio perteneciente" a la pareja.
El acusado recibió un poder del varón extraditado a China para operar con su dinero. Este último se trasladó a Granada para, por escritura pública el 18 de julio de 2013, concederle también un poder especial para comprar inmuebles, contratar suministros, y representarlo ante Hacienda y organismos públicas, así como "retirar e ingresar metálico" de sus cuentas corrientes "por medio de cheques o libretas".
Ese mismo día, una cuenta fue abierta a nombre del súbdito chino con residencia en España, sacando el acusado de la misma, el día 23 de agosto de 2013, 220.000 euros para la compra de una finca. Una operación similar se repitió el 3 de septiembre de 2013 por valor de 580.000 euros.
Asimismo, el 12 de diciembre de 2013 el acusado inscribió en el Registro Mercantil una empresa en la que figuraba como socio con su compañera sentimental para actividades inmobiliarias, construcción, instalaciones y mantenimiento, y también gestión y administración, comercio al por mayor y al por menor, distribución comercial, importación y exportación.
Sacaba supuestamente importantes cantidades de dinero de la cuenta y las ingresaba en esta empresa "para hacer legal tal dinero, así como los honorarios que se cobró con ese dinero ilícito por el trabajo que les realizó a dichos súbditos chinos", en concreto, 75.000 euros el día 8 de octubre de 2013, y otras cantidades inferiores.
