Técnicos de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta y del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro han mantenido un encuentro para abordar la petición del Consistorio de este municipio de la costa de Granada para cerrar el acceso al recinto del castillo de Castell de Ferro como medida para frenar el deterioro de este enclave declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Según ha explicado a Europa Press la alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, tras este encuentro, en que hace unos días los técnicos de la Junta examinaron sobre el terreno la propuesta municipal y se propuso ampliar el área a acotar, el Ayuntamiento está a la espera del informe por escrito de la Administración autonómica.
Con este escrito, el Ayuntamiento se pondría en contacto con el propietario de la finca para cerrar el acceso y, en caso de no proceder a ello, actuaría de oficio con cargo a la empresa, ha explicado Antequera, quien, a su vez, ha informado de que también responderá a la Junta al escrito que le remitió poniéndole en copia del apercibimiento que hizo al dueño del terreno sobre el "deber de conservación" que tiene sobre el castillo.
La Junta, según han informado fuentes de esta Administración a Europa Press, ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento en este escrito distintos aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que podrían llegar a permitir la expropiación del terreno.
El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro señaló en agosto que estaba pendiente de que la Administración autonómica autorizara el cierre del acceso a su castillo, en estado ruinoso y dentro de una propiedad de una constructora en quiebra, para frenar su deterioro y afrontar su rehabilitación cuando los trámites pendientes así lo permitan.
El castillo, sobre el que un informe de la Universidad de Granada (UGR) señaló que está en peligro de derrumbe, fue objeto, ya en mayo de 2003, de un proyecto de consolidación que no se llegó a ejecutar, explicó posteriormente, el delegado de Fomento y Cultura de la Junta en Granada, Antonio Granados, en declaraciones a los periodistas, en las que agregó que la Administración autonómica ya se puso en contacto con el propietario en el año 2016 para informarle del "deber de conservación" que tiene con respecto de este BIC.
Granados, que hizo alusión al proceso de administración concursal en que se encuentra la empresa propietaria, hizo hincapié, en cualquier caso, en la "responsabilidad" que reserva la ley para el propietario de un terreno en que haya ubicado un BIC, con "sanciones elevadas" si existe incumplimiento.
La propiedad en que está el castillo está embargada por una deuda de alrededor de 500.000 euros de la que el Ayuntamiento no se puede hacer cargo al ser privada.
Tras el informe de la UGR, concluido en mayo en el marco de un convenio con el Ayuntamiento sobre el castillo de Castell de Ferro, se puso en marcha una orden de actuación, que está pendiente del visto bueno de la Junta para cerrar el recinto fortificado, que es Bien de Interés Cultural.
