La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge del 7 al 10 de noviembre el juicio contra una decena de personas acusadas de obtener de manera ilícita más de 605.128 euros en subvenciones de la Junta. Lo hicieron presuntamente a través de una empresa de calzado creada en Montefrío (Granada) en la que supuestamente elaboraron facturas falsas y obligaron a trabajadores discapacitados a firmar nóminas pese a que no les pagaban.
La Fiscalía de Granada pide penas de ocho años y seis meses de prisión para cada uno de ellos por delitos de estafa y contra el derecho de los trabajadores.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la supuesta estafa se produjo desde 2006 a 2008, periodo en el que los responsables de la empresa Diseño y Calzado S.L. de Montefrío tramitaron la solicitud de ayuda a la Junta de Andalucía para la creación de empleo de personas discapacitadas y el mantenimiento en los puestos de trabajo durante tres años, obteniendo para ello subvenciones.
Concretamente, la empresa se benefició de incentivos al mantenimiento del empleo por valor de 124.288 euros y de otros 480.840 euros en incentivos a la creación de empleo estable.
Así, los acusados en representación de la empresa recibían "a priori" un 75 por ciento del importe de las subvenciones "sin que la Consejería de Empleo instrumentara algún tipo de control de destino de la cantidad subvencionada". El 25 por ciento restante se ingresaba a la entidad si entregaban la documentación requerida; esto es, alta a la Seguridad Social, contrato de trabajo y certificado de minusvalía.
Aunque las subvenciones se recibían en cuentas de la empresa, los acusados las trasferían a otras de su propiedad para evitar posibles embargos "dadas las numerosas deudas que tenían" y quedarse así con el dinero.
Sostiene el fiscal que para conseguir los requisitos para obtener la subvención, los acusados obligaban a los trabajadores discapacitados a firmar nóminas por los cursos realizados bajo la promesa de que les iban a pagar por los trabajos realizados. Sin embargo, no lo hicieron a pesar de que la empresa recibía las subvenciones para ello, puesto que supuestamente se quedaba con estas cantidades.
Por otro lado, y también para recibir subvenciones, los procesados contrataron a la madre de uno de ellos sin que esta señora "llegara a trabajar ni un solo día en la empresa" y sin que diera consentimiento para ello.
Además, los responsables de esta empresa de calzado cerraron distintos negocios jurídicos con los titulares de otras entidades radicadas en Alicante, también acusados por esta causa, y entre todos elaboraron durante 2006 diversas facturas que no correspondían con operaciones reales y que reflejaban cantidades más elevadas del valor de los efectos vendidos. Todo para justificar el destino de las cantidades recibidas y destinarlas a otros fines distintos a la fabricación del calzado.
La Fiscalía les acusa de quedarse con el dinero de las subvenciones recibidas y les atribuye un delito continuado de estafa o alternativamente uno de apropiación indebida continuada, por el que solicita cinco años de prisión y multa de 3.000 euros.
A ello suma un segundo delito contra los derechos de los trabajadores, por el que solicita la pena de un año y seis meses de prisión y multa de 2.400 euros, y un delito de falsificación en documento mercantil por el que pide otros dos años de prisión y multa de 3.000 euros para cada uno de ellos.
