El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía cuestionará este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica al Consejo de Gobierno por las futuras medidas a tomar frente al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estima parcialmente el recurso interpuesto por General de Galerías Comerciales, promotora del Centro Comercial Nevada, en Armilla (Granada) y concluye que la Junta deberá indemnizar a la mercantil con 165,6 millones de euros frente a los 157 millones que inicialmente fijó la justicia a raíz de los perjuicios económicos por la paralización de las obras de esta superficie comercial.
En el texto de la pregunta, consultada por Europa Press, la diputada Ana Vanessa García Jiménez cuestiona concretamente por las iniciativas que va a adoptar el Ejecutivo andaluz ante el contenido de la sentencia, que estima parcialmente tanto el recurso interpuesto por la Junta como el de la citada mercantil contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada que en julio del pasado año condenó al Gobierno andaluz al pago de una indemnización de 157,4 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.
La entidad mercantil recurrió la sentencia solicitando una indemnización de 260,5 millones de euros por los "perjuicios económicos" ocasionados por la suspensión cautelar de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Armilla el 30 de septiembre de 2005.
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo --actuación que la Junta ya ha confirmado que llevará a cabo--, señala que la pretensión de la entidad mercantil de ser indemnizada está prevista en la Ley Contencioso-Administrativa, que sostiene que para que proceda el abono de una indemnización debe haber previamente un procedimiento judicial en cuyo seno se acuerde la adopción de una medida cautelar y que la medida, una vez levantada, haya ocasionado algún tipo de daño.
En este sentido, la sentencia señala que la indemnización no es por causa de un delito y explica que "las consecuencias del procedimiento penal fueron las acordadas en su día por la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que supusieron, entre otras, la demolición de 1.457 metros cuadrados".
