Vecinos de la urbanización Cármenes del Mar de La Herradura, en Almuñécar (Granada), han pedido en dos escritos al Gobierno central y autonómico que ejecuten las medidas cautelares decretadas hace meses por un Juzgado de Granada para evitar que sus casas sigan derrumbándose.

En dos cartas enviadas al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y a la delegada del Gobierno de Andalucía en Granada, Sandra García, los afectados piden una reunión urgente y solicitan su intervención para evitar "situaciones irreparables" dada la situación de emergencia en la que se encuentra la zona residencial.

Entre dichas medidas, instan a que se subsanen los "graves" defectos constructivos y se lleve a cabo la necesaria rehabilitación de la urbanización y sus suburbanizaciones.

Además, piden una intervención urgente de los servicios técnicos de las diferentes administraciones para tomar las medidas que eviten nuevos deslizamientos de tierra y el consiguiente riesgo para la integridad de los vecinos de la urbanización.

Por último, insisten en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la habitabilidad de la urbanización, teniendo en cuenta que existe "riesgo inminente" de colapso en los viales de acceso a la misma y de sus servicios generales.

En ambas cartas, de las que han informado en un comunicado remitido a Efe, los vecinos de Cármenes del Mar recuerdan que el juzgado no solo ha condenado a todos los denunciados por los defectos en la construcción, sino que además ha aprobado una serie de medidas cautelares para evitar que el deterioro continúe.

Se trataba también de reparar los innumerables desperfectos que presenta la zona residencial, por lo que se decretó incluso un embargo a los demandados de 3,6 millones de euros.

No obstante, según los vecinos, los recursos de las empresas condenadas y la declaración de insolvencia de muchas de ellas están haciendo "imposible" que esas medidas se pongan en marcha, de ahí que los afectados pidan a las administraciones que las ejecuten con carácter subsidiario, ya que ello no conllevaría coste alguno para el contribuyente.

"No espere a que tengamos que lamentar situaciones irreparables, que caerían bajo su responsabilidad y su conciencia", explican los vecinos en su carta al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

Por su parte, en la misiva enviada a la delegada del Gobierno de Andalucía en Granada, Sandra García, los residentes advierten de que "parece evidente" que sin la implicación de la administración autonómica no existirá solución al deterioro progresivo de la urbanización, a pesar de la existencia de responsabilidades jurídicas ya declaradas.

Los vecinos aprovechan asimismo para recordar a Martín que se comprometió en una reunión anterior a habilitar los recursos jurídicos necesarios para agilizar la situación, así como a interceder con los equipos técnicos de la Consejería de Fomento y Vivienda para evitar que nuevas viviendas acaben derruidas.

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada aceptó antes de verano el aval presentado por los vecinos como caución suficiente a fin de que se ejecuten las medidas cautelares que había decretado la propia titular del juzgado.

El objetivo de dichas medidas, que tendrán un coste aproximado de 4,5 millones de euros, no era otro que asegurar la zona en la que se encuentran las viviendas, con el objetivo de que no continúen deteriorándose.