La Fiscalía de Granada, que investiga posibles irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de alquiler de audioguías de la Alhambra, prevé tomar una decisión sobre el caso la próxima semana, una vez que analice el informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial.

   Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, el fiscal encargado del caso aún no ha tenido acceso a la declaración que hizo el pasado jueves la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, ni a la de los otros tres cargos más del órgano gestor del monumento y los dos empresarios investigados por este asunto.

   Así, en cuanto se entreguen las diligencias ampliatorias encargadas a la Policía, la Fiscalía emitirá el correspondiente decreto de cierre, sea de denuncia o de archivo, lo que determinará si el asunto llega o no a un juzgado.

   Tras declarar en calidad de detenida, Villafranca anunció que si finalmente es imputada por este caso pondrá su cargo a disposición de sus superiores, aunque se mostró convencida de que la adjudicación ha podido tener "incidencias" pero nunca de "relevancia penal".

   Además, se quejó de que la Policía le informara de que declararía en calidad de detenida sin tener conocimiento previo de ello, por lo que sintió conculcados sus derechos fundamentales, algo que sin embargo rechazó el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que indicó que precisamente se ha procedido así para evitarle la llamada "pena de telediario", y que no se destruyera su presunción de inocencia.

   Después de conocer que había comparecido como detenida, el portavoz del equipo de gobierno local, Juan García Montero, reclamó de nuevo su dimisión, si bien el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, fue más moderado este viernes, y no solicitó su cese aunque sí pidió un cambio en la gestión del monumento e instó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a sentarse a hablar al respecto.

EL PP PIDE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

   También se ha pronunciado sobre este caso el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien este viernes pidió a Díaz que cese "de manera inmediata" a Villafranca, ante lo que llamó un "un nuevo escándalo" que se une "a un largo rosario de irregularidades", mientras que la vicesecretaria general del PP granadino, Marifrán Carazo, reiteró que su grupo va a pedir en el Parlamento andaluz una comisión de investigación para escrutar la gestión del Patronato de La Alhambra desde 2007, fecha en que se firmó el contrato de las audioguías que está siendo investigado.

   El PSOE y la Junta de Andalucía han defendido por su parte la gestión del Patronato y de la propia Villafranca. La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, fue especialmente crítica con el "procedimiento desmedido empleado" con la responsable de la Alhambra y consideró que respondió "a prácticas propias de un estado policial", por lo que pidió explicaciones al Ministerio del Interior y al subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, por lo que calificó un "abuso de poder".

   La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, defendió también la presunción de inocencia de la directora del Patronato y criticó que se encontrara detenida cuando iba a declarar "como cualquier persona a la que le piden información".

   El último en declarar ante la Policía en calidad de detenido fue uno de los responsables de la empresa adjudicataria del servicio, que quedó en libertad con cargos.

   Se trata de un caso en el que se baraja que ha podido cometerse un fraude de alrededor de 5,5 millones de euros según la denuncia presentada ante el Ministerio Público que ha motivado la apertura de una investigación, por un posible "amaño" en el proceso de adjudicación, que se remonta a 2007, cuando el Patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicó a la empresa GTP el servicio de alquiler de audioguías del monumento.

EL PATRONATO DICE QUE FUE UN CONCURSO "TRANSPARENTE"

   Tras conocerse la apertura de la investigación de la Fiscalía, el Patronato negó tráfico de influencias en este asunto, y explicó que la empresa concesionaria, GTP y posteriormente Sthendal, resultó ser elegida tras "un concurso público transparente", cuya mesa de contratación estuvo formada por funcionarios, la intervención general y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, no formando parte de esta mesa la directora general de la Alhambra, María del Mar Villafranca.

   El órgano de contratación fue quien adjudicó, posteriormente y según el veredicto de la mesa, a la empresa GTP por tratarse de la mejor oferta.

   Tras la firma del contrato, se advirtió la existencia de un error material y tipográfico en el documento que se solucionó a través de procedimientos legales. Prueba de ello, según el Patronato, es que las liquidaciones anuales se ingresaron siempre por importe de 77.000 euros.

   El Pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife, del que forma parte también el Ayuntamiento de Granada junto a la Universidad, el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía, aprobó la prórroga del contrato y el plan de pagos propuesto por la empresa GTP para hacer frente a la deuda con la Alhambra por los atrasos en el abono del canon. La deuda fue liquidada conforme a dicho plan de pagos, según consta en la documentación contable de la Intervención General, afirmó el patronato.