El grupo parlamentario socialista ha acusado este lunes al Gobierno central de "dopar" a los puertos de Málaga y de Almería para que compitan en mejores condiciones en la conexión con Melilla que el de Motril (Granada), que "ha quedado definitivamente "marginado" del contrato para la gestión de las líneas marítimas de interés público, con ayudas estatales, que unen la Ciudad Autónoma con la Península.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Senado, Juan Manuel Fernández, ha denunciado que el Ejecutivo central está poniendo "en grave riesgo" la viabilidad de esta línea en la dársena motrileña, pues el nuevo contrato promueve mejores condiciones en los puertos limítrofes con billetes más baratos, mejoras en sus buques y reducciones en el tiempo de viaje.
De hecho, según Fernández, las nuevas condiciones propician una disminución notable del tiempo de viaje de hasta en tres horas entre la dársena malagueña y la melillense, pasando de las siete y media actuales a las cuatro horas de viaje, media hora menos que la duración del trayecto actual entre Motril y Melilla.
Fernández, que ha incidido en que la adjudicación del contrato no respeta la libre competencia, ha recordado que en la última Operación Paso del Estrecho, la dársena motrileña consiguió captar el 51 por ciento de pasajeros y el 57 por ciento de vehículos, cifras que contrastan con las del Puerto de Málaga, que se quedó en el 19 por ciento de pasajeros y el 14 por ciento de vehículos.
Por su parte, la diputada y secretaria de Organización de los socialistas granadinos, Elvira Ramón, ha mostrado la indignación de su formación por el proceder del Gobierno del PP, que ha actuado en este caso "a hurtadillas, con nocturnidad y ocultando a los granadinos su decisión de favorecer los puertos de las provincias limítrofes discriminando al Puerto de Motril".
Los socialistas han anunciado iniciativas en las cámaras nacionales para exigir al PP "decencia y trato igualitario". En este sentido, exigen que la dársena de Motril sea incluida dentro de las líneas de interés público o que se aplique la normativa de los Presupuestos Generales del Estado y se contemplen ayudas al transporte para los ciudadanos.
