La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre García, ha mantenido una reunión con el presidente provincial de Escuelas Católicas, Manuel Holgado, a quien le ha trasladado el compromiso del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía de aplicar para el curso 2020/2021 la elección libre de centro educativo.
Mestre ha explicado al representante de las Escuelas Católicas de la provincia que “ya se está trabajando sobre el nuevo modelo para la elección de centros que permita a los padres de los alumnos tomar la decisión y no depender de criterios estrictamente geográficos como ocurría hasta el anterior gobierno. Un sistema que se consensuará con la comunidad educativa”.
Igualmente, tanto la delegada como Holgado valoraron el descenso de la natalidad en la provincia y la necesidad de disminuir los ratios ajustándolos a la demanda actual, equiparar los recursos educativos, además de abogar por la necesidad de que los dos modelos de educación, el público y concertado, convivan en la sociedad gaditana. “Defendemos la educación pública de la misma manera que la concertada, pero lo prioritario es dotar a los padres de esa libertad de elegir la educación que ellos consideran más positiva para sus hijos y, paralelamente, trabajar para mejorar aquello que no funcione para tener una educación de calidad en nuestra provincia y en Andalucía”.
Por otra parte, Ana Mestre ha valorado las actuaciones para la tramitación del ante-proyecto de Ley de medidas de apoyo en materia educativa, un marco legal que tiene como objetivo reunir todo el catálogo de acciones destinadas a conceder ayudas a las familias en este ámbito y que contempla avanzar de forma progresiva hacia la gratuidad en el Primer Ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) antes del final de la presente legislatura, es decir, para el curso 2023-24. En el curso 2020-2021 habrá ya una mejora de las bonificaciones a las familias para la escolarización de 0 a 3 años, que pasará a convertirse en un elemento a tener en cuenta a la hora de la elección de colegio en etapas de escolarización posteriores.
Las bonificaciones fueron reducidas al implantarse el Decreto-Ley 1/2017 que provocó que en el curso 2017-18 muchas familias tuvieran que pagar un precio mayor por el servicio sin que se hubiesen modificado sus circunstancias económicas, y sacó también del sistema de bonificaciones a otras.
