La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha suscrito con alcaldes y alcaldesas de toda la provincia los convenios que facilitarán que las familias más vulnerables se puedan beneficiar de ayudas económicas que garantizarán el suministro de electricidad, agua y gas. En el acto también han estado presentes la vicepresidenta segunda de la Diputación, Maribel Peinado, y la diputada Isabel Moya.
Estos convenios se enmarcan en una de las líneas de acción del Plan Estratégico contra la Pobreza Energética que aprobó la Diputación el 18 de mayo de 2016. La presidenta ha recordado que dicho plan surgió como reconocimiento de que “el acceso a la energía es fundamental para garantizar a todas las personas un nivel de vida adecuado y la efectiva realización de los Derechos Humanos. El acceso a la energía es determinante para garantizar la salud, la educación, el desarrollo de la autonomía personal y para asegurar un nivel de vida digno a todas las personas”.
Este Fondo contra la Pobreza Energética ha sido desarrollado por el Área de Igualdad y Bienestar Social como recurso complementario que permita paliar las carencias de los hogares de la provincia en relación a los suministros básicos. Son en total 300.000 euros de recursos propios de la Diputación de Cádiz los que se destinan a este fin. Esta cuantía se distribuirá entre los municipios de menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas (ELA) atendiendo a criterios de población.
De esta forma, las localidades con menos de 1.500 habitantes recibirán 3.000 euros. Estas son: Tahivilla, Villaluenga del Rosario, San Isidro del Guadalete, Benaocaz, Torre Alháquime, Zahara de los Atunes, Torrecera, Facinas, El Torno, Zahara de la Sierra y Algar.
6.000 euros recibirán los ayuntamientos de poblaciones de entre 1.501 y 5.000 habitantes: Nueva Jarilla, Estella del Marqués, El Gastor, El Bosque, Grazalema, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Castellar de la Frontera, Espera, La Barca de la Florida y San José del Valle.
Guadalcacín, Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera, Algodonales y Prado del Rey, con una población que oscila entre las 5.001 y las 7.000 personas, recibirán 8.000 euros.
A los municipios de entre 7.000 y 10.000 habitantes les corresponden 10.500 euros. Componen este grupo Benalup-Casas Viejas, Jimena de la Frontera, Trebujena, Puerto Serrano, Bornos y Olvera.
Por último, Medina Sidonia, Villamartín, Vejer de la Frontera, Tarifa, Ubrique y Chipiona, con entre 10.001 y 20.000 habitantes, recibirán 15.000 euros para ayudas.
En la valoración de las solicitudes de estas ayudas se tienen en cuenta tanto el nivel de ingresos y número de componentes de la unidad familiar, como ciertas circunstancias esenciales de carácter social, como son que algún miembro de la familia tenga alguna discapacidad, que se trate de víctimas de violencia de género, que sean personas usuarias de los Servicios Sociales o que se trate de familias monoparentales, ente otras cuestiones.
Irene García ha recordado que el Plan Estratégico contra la Pobreza Energética posee diferentes líneas de acción. La primera es la creación de una Mesa de Diálogo con empresas energéticas que ya ha dado como resultado la firma de acuerdos entre la Agencia Provincial de la Energía con tres empresas suministradoras (Endesa, Gas Fenosa y CHC) para ampliar el plazo de ejecución del corte de suministro a hogares vulnerables. Concretamente, las empresas han aumentado el tiempo legal establecido para proceder al corte de 3 meses a un mínimo de 6 meses.
Otra de las líneas estratégicas es la elaboración de planes locales de formación y acompañamiento a las familias en situación de pobreza energética.
La presidenta ha mostrado su satisfacción por el resultado que está teniendo el Plan Estratégico. De hecho, ha calificado las ayudas económicas directas como una línea de acción “residual”, puesto que en el último año los ayuntamientos ni siquiera han tenido que agotar la cuantía de estos fondos a tenor del buen resultado que han arrojado el resto de medidas del plan.
