Vicente perdió su trabajo en diciembre pasado. Eventual, pese a llevar 17 años vinculado al sector, es víctima, dice, de la reforma laboral. “Se me ha echado el mundo encima”, reconoce. Aunque aún le quedan meses por delante cobrando el subsidio por desempleo, le preocupa la economía familiar porque su pareja también está parada.
“Nunca nos hemos visto en estas”, apunta. Cuesta reunir el dinero del alquiler y tienen una niña de 11 años. “He estado buscando algo como carretillero, en la limpieza, de camarero... pero por el momento no ha salido nada”, relata con la voz quebrada por la angustia. “Si es necesario irme de Jerez, me iré”, promete, pero ve el futuro negro. “Tengo 52 años...”, añade, y no es preciso más explicaciones: es consciente de la dificultad de reincorporarse al mercado laboral a su edad y teme cronificar su situación.
España concentra el 30% de los parados de larga duración de la UE. En Cádiz, Del total de demandantes parados en la proa fecha 31 de diciembre de 2020 (183.396), el 46,88% tiene una antigüedad en la demanda superior a 12 meses, según los datos contenidos en el último Informe del Mercado de Trabajo de Observatorio de las Ocupaciones, dependiente del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
Teniendo en cuenta los grupos de edad de los parados de larga duración, y la fecha indicada de referencia, el 61,32 % son mayores de 45 años. El documento advierte, además, de que las mujeres demandantes paradas de larga duración representan el 66,49%.
María (nombre ficticio), de 43 años, es una de ellas. Lleva dos años sin contrato. Asalariada en Cádiz primero y, después, propietaria de dos ludotecas en San Fernando, tuvo que cerrar los establecimientos por la crisis económica de 2008. Tras encadenar algunos empleos, decidió poner rumbo a Castellón, donde se colocó en una empresa de envasado de frutas y, por la noche, se incorporó a la plantilla de una firma encargada de la limpieza de un supermercado. La irrupción del coronavirus puso de nuevo patas arriba su vida. “Me quedé en la calle”, recuerda. Ni pan ni techo.
“Estuve durmiendo en el pabellón poliderpotivo que habilitó el Ayuntamiento y, luego, estuve un mes en un albergue”, relata. Todo ello mientras sufría el maltrato psicológico de su pareja. Finalmente, “huí a Cádiz”, cuenta. En su ciudad natal no lo ha tenido fácil tampoco en los dos últimos años. Con unas relaciones familiares tormentosas, reside ahora en casa de su hermana, que trabaja temporalmente en Londres, y malvive con lo que le dan los vecinos por ayudarles en tareas domésticas y de cuidados.
“Solo tengo el graduado, pero he ido obteniendo toda la titulación posible en informática y como técnico de educación infantil”, explica en tono implorante, ante la frustración para encontrar una oportunidad por medio del Servicio Andaluz de Salud (SAE).
José Antonio, también gaditano, comparte la urgencia por tener empleo de lo que sea. Con 38 años, tiene una ligera discapacidad intelectual insuficiente para acceder a una prestación. Operado de una hernia discal, y sin familia, ocupa una vivienda social, no puede optar, pese a todo al Ingreso Mínimo Vital (INM) porque, a efectos estadísticos, forma parte de una unidad familiar con su hermana, que le permitiría salir adelante. Pero no es así. Cáritas, Cruz Roja y la Asociación Cardjin son sus tablas de salvación. Si no fuera por la labor de las asociaciones sin ánimo de lucro, creería que es invisible. Gracias a ellas aún conserva la esperanza de ganar el futuro.
