El líder opositor venezolano Leopoldo López ha denunciado haber sufrido más de diez años de persecución política por parte del "régimen" en Venezuela y ha añadido que a partir de enero de 2013 fue Nicolás Maduro quien expresó públicamente su deseo de encarcelarle, como finalmente ha ocurrido.
López se encuentra detenido desde el 18 de febrero, tras entregarse pocos días después del comienzo de las manifestaciones contra el Gobierno el 12 de febrero. El Ministerio Público presentó en abril una acusación contra el líder opositor por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
A través de una carta, que ha sido publicada coincidiendo con su traslado desde la prisión de Ramo Verde --en la que está recluido-- al Palacio de Justicia de Caracas para la vista preliminar de su caso, el dirigente del partido político Voluntad Popular ha presentado algunos de los alegatos usados para su defensa.
Así, ha denunciado que ha sufrido durante este largo periodo "más de veinte expedientes, juicios políticos, intentos de homicidio debidamente denunciados y nunca resueltos, asesinato moral por los medios de comunicación del Estado y dos inhabilitaciones políticas", que le habrían impedido ejercer cargos de elección popular.
Por todo ello, López ha afirmado que es un "preso político, un preso de conciencia" y ha añadido que defenderá estas palabras "ante una justicia injusta", como un modo de luchar por "la conquista de la democracia en Venezuela", cuando se cumplen más de 70 días desde que fue privado de libertad.
DEBERÁ SEGUIR EN LA PRISIÓN DE RAMO VERDE
El líder opositor deberá ir de la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques) al Palacio de Justicia de Caracas mientras espera su juicio si la jueza 16 de Control de Caracas, Adriana López, admite la petición del Ministerio Público de juzgarlo por los sucesos del pasado 12 de febrero y mantenerlo detenido preventivamente, como parece que ocurrirá.
La Fiscalía presentó 120 evidencias y 76 testigos, de los cuales 54 son policías judiciales y quince son funcionarios de seguridad de la Fiscalía, según reveló la defensa del opositor. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, indicó que de ser declarado culpable por los cargos que se le imputan podría ser condenado a 13 años, nueve meses y una semana de prisión.
Fuentes consultadas por el diario venezolano 'El Universal' dan por hecho que la jueza López "aceptará toda la acusación y mantendría al exalcalde de Chacao tras las rejas", al considerar que existe peligro de fuga, de obstaculización de la justicia e incluso que su vida corría peligro en la calle.
