El juicio contra Saadi Gadafi y Saif al Islam Gadafi, hijos del exlíder libio Muamar Gadafi, y otros 35 exaltos cargos de su Gobierno ha sido aplazado este lunes hasta el 27 de abril tras sólo media hora de procedimientos, después de que sólo 23 de los 37 acusados hayan comparecido ante el tribunal.

   Saif al Islam, junto con otras siete personas que permanecen retenidas en Misrata, no ha podido comparecer a través de videoconferencia, tal y como estaba planeado, debido a un fallo en el sistema de transmisión, según ha informado el diario 'The Libya Herald'.

   Por su parte, Saadi, que permanece encarcelado en Hadba, no ha comparecido debido a que las investigaciones que se abrieron en marzo tras su extradición desde Níger aún no han terminado y no se han presentado cargos contra él.

   Entre los 37 acusados están, además de los hijos de Gadafi, el exjefe de los servicios de Inteligencia Abdulá al Senusi y el exprimer ministro Al Baghdadi al Mahmudi, quienes sí han comparecido ante el tribunal.

   La aprobación de varias enmiendas del Código Penal para permitir que Saif al Islam y otras personas retenidas por las milicias que les capturaron --y que se niegan a entregarles a las autoridades centrales-- pudieran comparecer por videoconferencia.

   En base a las enmiendas aprobadas, los procedimientos judiciales serán considerados públicos si son retransmitidos en directo vía satélite o a través de pantallas instaladas en lugares públicos.

   El portavoz de la Fiscalía, Saddik al Sur, ha sostenido que el cambio era necesario ante el temor de que Saif al Islam fuera asesinado al ser trasladado a Trípoli desde la localidad de Zintan, donde permanece desde que fue capturado por milicias de la localidad el 19 de noviembre de 2011.

 


CRÍTICAS DE AI AL PROCESO

   Sin embargo, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que el juicio "corre el riesgo de convertirse en una farsa" debido a la decisión de que algunos de los acusados comparezcan por videoconferencia.

   En este sentido, ha argumentado que los juicios por videoconferencia violarán el derecho de los acusados a un juicio justo. "El impacto sobre el caso de Saif al Islam es de especial preocupación, ya que permanece retenido en un lugar secreto en Zintan por una milicia que se ha negado en varias ocasiones a entregarle al Estado", ha dicho.

   "Permitir a Saif al Islam comparecer por videoconferencia mina seriamente su derecho a un juicio justo. No está bajo custodia del estado y los cambios en el Código Penal y la decisión del tribunal de aceptarlos suponen dar una capa de legalidad a la disputa entre las milicias y las autoridades centrales", ha apuntado la subdirectora de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Hassiba Hadj Sahraui.

   "Lo cierto es que Saif al Islam, al igual que otros cientos de detenidos, permanece en un lugar de detención no oficial", ha añadido. "¿Cómo pueden las autoridades libias decir que recibirá un juicio justo cuando ni siquiera pueden garantizar que esté presente para hacer frente a unas acusaciones que podrían implicar la pena de muerte?", se ha preguntado.

   Así, ha recalcado que "parece que las autoridades han enmendado las leyes para permitir las comparecencias por videoconferencia simplemente porque no pueden lograr el traslado de Saif al Islam". "Eso muestra el poco control que el Estado tiene sobre él", ha remachado.

   "En lugar de cambiar la ley para adaptarla a los desafíos políticos o de seguridad, las autoridades libias deberían intentar acelerar el proceso de hacerse con el control de los centros de detención que dirigen las milicias", ha dicho Hadj Sahraui.

   "Es difícil imaginar cómo puede llevarse a cabo un juicio justo en un clima en el que los testigos tienen miedo a testificar, los abogados tienen miedo a alegar, los fiscales y los jueces están amenazados, los juicios se celebran en complejos carcelarios o por videoconferencia y el Estado es incapaz de lograr que las milicias le entreguen a los detenidos", ha remachado.

CONTEXTO POLÍTICO

   El juicio se celebrará apenas un día después de que el primer ministro, Abdulá al Thinni, presentara su renuncia al cargo, que será inmediata en cuanto el  (CGN) designe un sustituto, después de que ataque fallido contra él y su familia en la noche del sábado.

   Al Thinni había sido designado hace unas semanas tras la destitución de Alí Zeidan como primer ministro. El GNC le había dado un mandato de dos semanas, que procedió a renovar esta semana encomendándole la formación de un nuevo gobierno en un intento por devolver la estabilidad al país.

   Libia vive una gran inestabilidad desde la caída del Gobierno de Gadafi, el 20 de octubre de 2011, debido, sobre todo, a la negativa de las milicias que ayudaron a derrocarle a entregar las armas y unirse a las fuerzas regulares.

   Las milicias que continúan activas han logrado detener en los últimos meses las exportaciones de petróleo, dejando al Gobierno sin su principal fuente de ingresos y haciendo aumentar el temor de que el país se sume en el caos.

   Asimismo, en los últimos meses se han sucedido las protestas contra el CGN por su decisión de extender su mandato durante un año más, hasta el 24 de diciembre de 2014, a pesar de que en un principio sus funciones iban a llegar a su fin cuatro meses después de su establecimiento en julio de 2012.

   No existe un acuerdo general sobre la interpretación que se ha de hacer sobre el marco temporal de autoridad del organismo estipulado por la Declaración Constitucional de Transición (DCT).

   La postura que defiende la extensión argumenta que no debe existir una fecha límite para las actividades del CGN y que éste debe seguir vigente hasta que finalice sus tareas con el objetivo de evitar un vacío de poder.

   Sin embargo, sus opositores defienden que el organismo es interino y que no tiene los poderes de un Parlamento electo, por lo que, en caso de tener que extender su mandato, ha de buscar el apoyo popular a la decisión a través de un referéndum.