Las asociaciones judiciales plantearán hoy sus demandas al Consejo General del Poder Judicial, pero esta vez lo harán divididas por la huelga que han convocado para el 18 de febrero la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), desmarcándose del resto. 

La reunión de hoy, convocada por el CGPJ para examinar las reclamaciones de los jueces, se produce después de que la AJFV y el FJI hayan dado por rotas las negociaciones con el Ministerio de Justicia y hayan decidido sumarse a esa huelga del 18-F que ya habían convocado los jueces de al menos una decena de provincias y de algunas ciudades clave, como Madrid o Barcelona. 

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), con quienes AJFV y FJI habían consensuado un “documento reivindicativo” que aplazaba al 26 de junio la huelga, ven “inoportuna” la protesta, en pleno diálogo con el Gobierno. 

En eso coinciden con el Ministerio de Justicia, que ha considerado esta medida de presión “injustificada e injustificable”, y ha pedido una reflexión a los promotores del paro. 

De momento no parece que vayan a dar marcha atrás, aunque en el seno de las asociaciones también hay debate interno. 

La convocatoria de huelga ha coincidido con el cambio de portavoz de la AJFV, puesto que abandonó Lorenzo del Río “por razones personales” el pasado viernes durante la misma reunión en la que se aprobó adelantar la protesta.

El clima de malestar en la carrera judicial no ha mejorado tras el encuentro que mantuvieron las asociaciones hace dos semanas con el ministro Fernández Bermejo, que se comprometió a aumentar con 20 millones de euros la dotación para la modernización tecnológica de la Justicia. 

Dada la situación, el CGPJ ya ha comenzado a analizar la postura que adoptará frente a esta huelga de jueces, y en la reunión de hoy con las asociaciones habrá ocasión de analizar los mecanismos que existen para articular una protesta sin precedentes en España. 

La cuestión también se analiza ya en la Abogacía del Estado, que estudia desde hace unos días quién es la patronal contra la que protestan los jueces: el CGPJ o el Ministerio de Justicia.