La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá 10 años de prisión para el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, el ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y otros seis dirigentes de la izquierda abertzale por tratar de reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales que el fiscal Vicente González Mota ha presentado ante la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal, que tiene previsto celebrar el juicio a principios de febrero, en el que acusa de un delito de integración terrorista a cada uno de los acusados.

Además de Otegi –preso por esta causa y por la que ha investigado la financiación de ETA a través de las herriko tabernas (pendiente de juicio)– y Usabiaga (en libertad bajo fianza para cuidar a su madre), el fiscal acusa a la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a Arkaitz Rodríguez, juzgado y absuelto en 2006 por pertenecer a los aparatos de captación e información de ETA.

Los otros tres acusados son José Luis Moreno Sagües (Txelui), candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.

Según el fiscal, la tarea de Bateragune era la de “llevar la confrontación política hasta el punto más álgido” para lo que actuaba en una doble dirección: la “neutralización de cualquier espacio de la izquierda abertzale sin ETA” y la “acumulación de fuerzas para la construcción nacional a través de un polo soberanista subordinado a los fines y métodos de ETA”.

Para ello, señala el escrito, Bateragune trataría de deslegitimar “cuantas instituciones provienen del marco constitucional”, que para el entramado terrorista “no es sino el marco particionista de una nación que pretenden imponer”

La forma de articular este polo soberanista pasaba por llamar a la incorporación de organizaciones políticas como EA, Aralar, AB (Abertzaleen Batasuna) y el sindicato ELA “al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado”, sostiene el fiscal, que añade que ETA diseñó como método de trabajo la combinación de “parones en la lucha armada”, que propiciarían los acuerdos necesarios para constituir el polo soberanista, con la acción terrorista armada.

La función de Bateragune se concretó en la convocatoria de diversos actos públicos -ruedas de prensa, entrevista, comunicados de la izquierda abertzale- cuyo objetivo era “camuflar” las actuaciones terroristas bajo las coordenadas de un supuesto conflicto político y deslegitimar la actuación del Estado.

Asimismo, agrega el escrito, para ejecutar esa estrategia entre abril y agosto de 2009 ETA asesinó al inspector de Policía Eduardo Antonio Puelles en junio y a dos guardias civiles en Palma en julio.