El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid ha citado el próximo 17 de febrero a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, para que se ratifique o se retracte de las declaraciones que realizó el pasado verano denunciando la existencia de escuchas ilegales a su partido por parte del Gobierno.

La citación responde a la demanda de conciliación interpuesta por los creadores de un grupo en Facebook llamado "De Cospedal debe ser demandada por injurias", entre ellos el concejal del PSOE en Cehegín (Murcia) Carlos Rodríguez Ibáñez, que cuenta con más de 4.500 adhesiones de toda España.

Los demandantes exigen a De Cospedal "un retracto público de sus manifestaciones en los mismos medios y formas que cuando las realizó". Añaden que, "en caso de no ser capaz de retractarse, De Cospedal debería asumir "las responsabilidades políticas lógicas por acusar al Gobierno de tan grave delito sin una sola prueba que lo demuestre o bien presentarlas y demandar a Gobierno por las indicadas escuchas ilegales".

Desde el citado grupo en Internet se habilitan enlaces al Defensor del Pueblo, Presidencia del Gobierno y Fiscalía General del Estado para que de manera individual se hicieran llegar por los usuarios las oportunas quejas o peticiones en relación con la actitud de la secretaria general del PP.

Las mismas fuentes señalaron de que dudan que De Cospedal acuda al acto de conciliación, si bien argumentaron que es complicada la presentación por su parte de una querella por injurias al no poder ser los promotores del club en Facebook considerados como parte directamente perjudicada por los hechos.

Hace dos semanas, la secretaria general del PP se ratificó en esas declaraciones cuando, en una entrevista concedida a Europa Press, se le preguntó si seguía teniendo la sensación de que se estaba escuchando a dirigentes del PP. De hecho, citó el debate que se ha generado con el sistema SITEL para recalcar que "el PP sabía muy bien lo que decía" cuando hizo esa denuncia.

"Fíjese si teníamos la sensación, que hemos conocido todos el asunto SITEL, hemos solicitado que sea regulado por ley orgánica. Todo el ámbito judicial ha dicho que eso era lo más oportuno, la regulación por ley orgánica de la limitación del derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones. Sin embargo el Gobierno no ha querido", se quejó.