El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella (Málaga) ha vuelto a acordar el archivo del caso sobre la presunta falsedad en el acta del pleno marbellí del 29 de julio de 2009, en el que se aprobó provisionalmente el plan urbanístico de 2010. Así, el magistrado no accede a remitir al Tribunal Supremo la causa como solicitó la Fiscalía que veía indicios de supuesta participación de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que tiene la condición de aforada al ser senadora.

El instructor, a través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, no aprecia la existencia de hecho delictivo alguno; pero, además, precisa que no ve "intervención alguna por parte de Muñoz en los hechos denunciados ni la existencia de indicio alguno que permita individualizar su presunta actividad delictiva".

El magistrado llega a esta conclusión por "no constar mínimamente acreditado que la misma tuviera alguna intervención en la elaboración, redacción o preparación del acta en cuestión ni que diera instrucción alguna en uno u otro sentido en su configuración", según consta en la resolución, que se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial.

Esta causa se inició después de que el ministerio fiscal presentara una denuncia por falsedad en documento, en concreto en el acta del pleno del 29 de julio de 2009, presidido por la alcaldesa, para la aprobación provisional del PGOU; acta en la que se habrían incluido algunas modificaciones. En este procedimiento estaba investigado el que era vicesecretario del Ayuntamiento, que falleció durante la instrucción.

El juzgado ya sobreseyó el caso y la Audiencia de Málaga acordó el pasado mes de marzo reabrirlo, al entender "precipitado el archivo" de la denuncia "en cuanto al delito de falsedad en documento público cometida por funcionario público a título de imprudencia grave", instando al juez a practicar diligencias solicitadas por el fiscal, como la declaración en calidad de testigos de varias personas, entre ellas dos exconcejales, lo que ya se han producido.

Tras esto, el juez insiste en "la falta absoluta de intervención de la alcaldesa en la redacción de las actas", por lo que reitera en su resolución que "en lo que se refiere a Muñoz no aprecia la existencia de indicio de la comisión del delito de falsedad en el acta del pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de julio de 2009".