El movimiento ciudadano 'Ni un metro de Marbella para otra población' ha exigido este jueves saber la trazabilidad del documento que permitió introducir supuestas modificaciones durante el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 del municipio malagueño.
La portavoz de la formación, Carola Herrero, ha indicado que el documento, de dos páginas de extensión y que señalaba los 22 planos de ordenación que se alteraron, "apareció en la Secretaría del Ayuntamiento sin que nadie sepa exactamente cómo llegó hasta ahí".
Además, el número de Registro de Entrada, el 063630, se repetía en otro escrito, algo "insólito" en la Administración Pública, ha indicado. Los dos documentos se presentaron en el Consistorio la mañana del 29 de julio de 2009 al mismo tiempo que la Corporación municipal aprobó el PGOU de forma provisional para remitirlo a la Junta de Andalucía.
"Aún es más insólito que no conste quién presentó los dos documentos, qué solicitaba y a qué departamento iba dirigido", ha apuntado. El documento que habría dado origen a las alteraciones en el PGOU, sin embargo, "debió encontrar el camino correcto", pues su contenido, ha señalado la portavoz, se reprodujo en la nota interior de remisión del PGOU, con fecha del 3 de agosto.
Herrero ha agregado que el documento se recibió en la Delegación de Urbanismo pero no contiene sello del notificador ni tiene firmada la recepción. El escrito hace referencia a una cita que se habría celebrado el 27 de julio de 2009 entre el equipo redactor del PGOU y la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía para consensuar los cambios.
La Junta, sin embargo, ha remitido al juez que investiga la supuesta alteración del PGOU un escrito en el que asegura que "no tiene constancia" de la reunión.
"La alteración de 22 planos del PGOU hubiera requerido la apertura de un nuevo y tercer trámite de exposición pública. Algunas modificaciones eran contrarias a la ley, como la alteración de las lindes entre Marbella y Benahavís", ha señalado la portavoz, que ha reivindicado la necesidad de impulsar una comisión de investigación que trate de esclarecer cómo se produjeron los supuestos cambios de los planos.
El Tribunal Supremo anuló a finales de 2015 el PGOU de 2010.
