El concejal Antonio Espada (PP), imputado en una posible malversación por las facturas de su empresa al Ayuntamiento

La empresa La Juanita,  participada al 50 por ciento por el concejal de Playas, Antonio Espada, habría pasado al Ayuntamiento facturas por valor de 675.982 euros, pero por haber ganado los concursos públicos celebrados a tal efecto, solo le correspondían 404.413, lo que arrojaría un desfase de 271.558 euros, que no habrían pasado ningún tipo de concurso ni estarían sujetos a convenios. Así se desprende de la documentación aportada por el Ayuntamiento, a petición del juez, en el proceso judicial abierto.
Cuando la polémica vivida en la primera legislatura del PP al frente del Ayuntamiento, porque la empresa de su concejal de Playas, Antonio Espada, suministraba materiales de construcción a la Administración local, parecía apagada, VIVA y OndaLuz han podido saber que el edil hubo de declarar como imputado en febrero del pasado año, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE, circunstancia que las partes han mantenido en secreto hasta ahora.
Según los escritos de la acusación, entre 2006 y 2012, la empresa de Espada, siendo éste concejal, habría pasado al Ayuntamiento numerosas facturas, de cuantías diversas, por venta de material de construcción, por un valor total de  675.982 euros, si bien no todas ellas habrían sido pagadas por el Consistorio. En concreto,  la Administración local aportó al juzgado de primera instancia número 4 de Marbella, donde se instruye el caso, órdenes de pago por un valor total de 645.694, unos 200.000 más de lo contemplado en los concursos públicos.
A tenor de estos hechos, la acusación popular considera que el concejal habría cometido un delito continuado de malversación de caudales públicos, del que también considera responsables a la alcaldesa Ángeles Muñoz y al coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, por aprobar estas operaciones.
Inicialmente, el juez rehusó llamar a declarar a estos dos últimos y el PSOE espera ahora respuesta a si procede citar, como así solicitaron, al interventor y al secretario del Ayuntamiento.
De momento, el proceso sigue abierto, toda vez que la acusación ha tardado casi un año en conseguir el aval bancario de más de 10.000 euros que, por Ley, debe aportar para seguir adelante con el procedimiento, trámite que ya ha sido cumplido en el plazo establecido para ello.