Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Málaga varias actuaciones dirigidas contra el fraude a la Seguridad Social en sectores como la hostelería, comercialización textil, servicios inmobiliarios, construcción, mantenimiento de instalaciones, informática y tecnología de la información, cuantificándose el fraude total en cerca de 6.384.000 euros.
Las investigaciones comenzaron en febrero de 2020, tras recibir varios escritos/denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares presuntamente llevadas a cabo por los administradores de distintas mercantiles con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Málaga, Estepona y Fuengirola. Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, han informado desde la Policía Nacional en un comunicado.
En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 14 personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la Seguridad Social --fraude de cotizaciones-- y frustración de la ejecución.
NEGOCIO FAMILIAR AL DESCUBIERTO
Los investigadores detectaron la creación de un grupo de 12 empresas dedicado mayormente a la explotación de negocios de hostelería y, en menor medida, a la explotación de tiendas de venta de ropa al por menor.
La primera de las mercantiles llevaba la explotación de un restaurante en la zona centro de Málaga. Una vez jubilado el administrador se hicieron cargo sus dos hijos, los cuales ampliaron el número de establecimientos --locales de tapas, restaurantes, churrerías y venta de ropa-- mediante la creación de empresas que se sucedían unas con otras al generar todas ellas deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social, además de dificultar la identificación del responsable de las empresas.
Entre las mercantiles que formaban el grupo empresarial, se produjeron continuos trasvases de trabajadores, llegando a figurar algunos empleados de alta hasta en seis códigos de cuenta de cotización de las sociedades relacionadas, a veces de forma simultánea o pasando de unas a otras sin solución de continuidad.
Esto, junto con la dificultad de determinar la identidad del responsable de cada una de ellas y las distintas maniobras para eludir los pagos obligados, hace inalcanzables las actuaciones ejecutivas de la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando a acumular una deuda total de más de 1.224.000 euros.
INVERSIÓN INMOBILIARIA
Asimismo, en otra de las actuaciones se averiguó que los investigados habrían creado un grupo de siete empresas dedicado a la hostelería y al sector inmobiliario, siendo tres de ellas patrimoniales.
Todas eran dirigidas y gestionadas por una misma persona, realizando además multitud de hipotecas inmobiliarias en garantía de préstamos, créditos o reconocimientos de deuda, ampliaciones de capital con suscripción y aportación de bienes a sociedades en constitución y compraventa de inmuebles.
Las empresas generaron importantes deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y se les tramitó expedientes administrativos de apremio.
No obstante, no se llevó a cabo el abono de la deuda, sino más bien todo lo contrario por parte del administrador, el cual realizó compraventa de inmuebles obteniendo ganancias patrimoniales y pudiendo cometer con ello varios delitos de frustración de la ejecución, ya que los bienes no figuraban registrados a su nombre sino a nombre de los anteriores propietarios que, mediante contrato privado de compraventa, permitía la residencia a los propietarios registrados e incluso seguir viviendo en el inmueble hasta su fallecimiento.
También se apreciaron irregularidades cometidas por este mismo administrador el cual, siendo conocedor de la subasta de viviendas, pagaba la deuda de la comunidad de propietarios, presentaba documentación en la que, mediante ampliaciones de capital con suscripción aportando bienes inmuebles y mediante actas de inmatriculación de fincas, conseguía hacerse con pisos, alquilándolos y esperando a que en el plazo que la Administración consideraba admitido a trámite la inmatriculación de fincas, si nadie se oponía, inscribía a su nombre dichas fincas.
Las distintas maniobras para eludir los pagos obligados originaban un perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 1.703.000 euros.
