El portavoz del grupo municipal socialista de Marbella, José Bernal, señaló el miércoles que los servicios jurídicos de su formación han pedido que el Tribunal Supremo (TS) asuma el caso en el que se investiga una presunta falsedad en el acta del pleno del 29 de julio de 2009 en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, ya que,dijo, la única “señalada” es la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que es aforada al ser senadora.
Asimismo, los exconcejales Diego Eyzaguirre (PP) y Susana Radío (PSOE) declararon ayer, en calidad de testigos, ante el juez que instruye las diligencias del caso de falsedad documental.
La causa se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, donde fue archivada provisionalmente el pasado agosto, pero la Audiencia Provincial de Málaga, tras el recurso de la Fiscalía, ordenó reabrirla el pasado febrero y que se practicasen nuevas diligencias.
Además, prestaron declaración dos funcionarias municipales que realizaron la transcripción del acta del pleno del 29 de julio de 2009 donde se cometieron los supuestos delitos, y que estaba presidido por la regidora popular Ángeles Muñoz.
Diego Eyzaguirre, que formaba parte entonces del equipo de gobierno del PP, dijo a los periodistas que no se acordaba de “nada” y que estaba “centrado en su trabajo” en la Delegación de Tráfico. “Yo confío en los técnicos de Urbanismo y no tenía por qué estar pendiente, otra cosa es la labor de la oposición, que debe fiscalizar”, señaló a las puertas de los juzgados.
“Me acuerdo del pleno y punto, pero eso fue hace nueve años y no recuerdo los hechos puntuales por los que me han preguntado. Si me tuviera que acordar de todo, tendría una mente privilegiada”, indicó tras comparecer ante el juez.
Por su parte, Susana Radío, que entonces era la portavoz del grupo municipal socialista, explicó que desconocía “que se hubiesen hecho cambios de última hora” y que la documentación que votaron sus concejales era la tratada en la comisión informativa del 27 de julio de 2009. Al mismo tiempo añadió que “a día de hoy aún no sé en qué han consistido esas modificaciones entre lo que se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo y lo que, finalmente, se ha tramitado”, señaló.
Bernal señaló en rueda de prensa, que el letrado del grupo municipal socialista, José Mariano Benítez de Lugo, ha solicitado al juez instructor que suspendiera las declaraciones testificales de los exconcejales Susana Radío, del PSOE, y Diego Eyzaguirre, del PP, y las dos funcionarias que transcribieron el acta de la sesión plenaria de 2009, previstas para este miércoles. “La suspensión que hemos solicitado tenía como objetivo que el juez instructor reflexionara con tiempo sobre los argumentos del fiscal”, que considera que se debe remitir al Supremo esta causa.