Suspenden de empleo y sueldo a policías acusados de agresión sexual

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha suspendido de manera cautelar de empleo y sueldo a los dos policías locales detenidos por la Policía Nacional como presuntos responsables de agresión sexual a una joven de 18 años después de interceptar el vehículo en el que viajaba.

El consistorio ha informado hoy en un comunicado que va a proceder a "la separación del servicio" de los agentes, de 37 y 38 años, mediante la citada suspensión de empleo y sueldo.

Explica que se trata de la "mayor medida disciplinaria" que se puede llevar a cabo desde el ayuntamiento, de manera cautelar, ante la investigación por parte de la Policía Nacional y el juzgado de instrucción de la ciudad.

La investigación comenzó ayer por la mañana a raíz de la denuncia de una joven por una agresión sexual en Estepona, que manifestó que viajaba junto a dos amigos en el vehículo de uno de ellos cuando fueron interceptados en un control policial por los dos agentes, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

Durante la intervención, los policías preguntaron al conductor si había consumido bebidas alcohólicas y, ante la contestación afirmativa de éste, le indicaron que dejara el vehículo aparcado, le pidieron después un taxi para que los trasladara a su domicilio y se ofrecieron a llevarles el coche cuando acabaran su jornada laboral.

Según el relato de la denunciante, momentos después de que los tres amigos llegaran a su edificio, se personaron los dos agentes en el coche particular de uno de ellos y, tras mantener una breve conversación amistosa, propusieron a los jóvenes subir al domicilio, a lo que accedieron al ser policías, y, una vez allí, se produjeron los hechos denunciados.

Activado el protocolo para este tipo de casos, se trasladó a la víctima a un centro hospitalario, se recabaron los testimonios de todos los posibles testigos y se dio cuenta a la autoridad judicial de todo lo actuado.

Como resultado de todo ello fueron detenidos los dos agentes a los que se les imputan, además, delitos contra la salud pública, amenazas y prevaricación.