Una banda que podría haber estafado 345.000 euros mediante la multipropiedad o vacaciones en tiempo compartido y que operaba en las provincias de Málaga y Alicante ha sido desarticulada en una operación en la que han sido detenidas seis personas.

A los detenidos, todos ellos extranjeros, se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, y las dieciocho víctimas identificadas son ciudadanos de países de Europa occidental, ha informado hoy la Policía en un comunicado.

La investigación comenzó en el 2013, cuando un juzgado de Zaragoza recibió por parte de una ciudadana belga, a los efectos de comprobar su veracidad, una resolución judicial de ese mismo juzgado.

Dicha resolución ordenaba la devolución a la parte demandante (los padres de la denunciante) de 12.600 euros, pero además, en dicha carta, se les solicitaba que ingresaran la cantidad de 1.260 euros en una cuenta corriente, en concepto de honorarios de administración y gastos judiciales, para poder percibir la cantidad de los 12.600 euros.

A partir de ahí se comprobó que esta actividad criminal se practicaba con éxito desde los años 90 en España y en otros países de Europa occidental.

La estafa vinculada con este tipo de contrato consiste en vender derechos de uso y disfrute sobre varios inmuebles a multitud de personas diferentes, que usarían los diversos inmuebles en diferentes fechas, para luego descubrir que no hay tal inmueble, que no pertenece a la empresa que lo ofrecía, que el contrato es falso o que la compañía directamente ha desaparecido con todo el dinero.

Por otro lado, en el sector del tiempo compartido existe una actividad comercial secundaria, la reventa de semanas de tiempo compartido, que se podría comparar al mercado de segunda vivienda en el sector inmobiliario.

En este mercado de reventa operan empresas fraudulentas de carácter inmobiliario dedicadas a estafar a los propietarios de los derechos de uso y disfrute de semanas de tiempo compartido, ofreciéndoles un supuesto arrendamiento para terceras personas interesadas, que ni siquiera existen.

El objetivo perseguido por estas empresas es la petición a las víctimas de diversos pagos, cantidades justificadas como gastos previos necesarios para concretar la posterior compraventa, y ha ocasionado decenas de miles de víctimas europeas que buscaban una residencia vacacional en España.

Algunas de las empresas son ficticias, claramente fraudulentas, inexistentes en los Registros Mercantiles y, tras la compra de bases de datos de clientes de empresas de tiempo compartido, contactan con el propietario, normalmente a través del teléfono, y a modo de "gancho", los empleados de la empresa de reventa, siempre informan sobre la existencia de un comprador que desea esas semanas, con un precio muy superior al del mercado.

La empresa de reventa nunca remite el contrato hasta que el propietario no ha transferido las cantidades destinadas a los supuestos gastos de gestión, bajo cualquier pretexto.

Una vez transferido el dinero, como norma general, ese supuesto comprador siempre se echa atrás y renuncia a la compraventa de sus semanas.

En una tercera fase, los estafadores comienzan a alquilar locales poco visibles, discretos, y contratan a teleoperadoras que contactan con las víctimas vía telefónica o mediante cartas de supuestos despachos de abogados que ofrecen cobertura jurídica para la reclamación de la devolución de las cantidades previamente satisfechas por las víctimas.

La última fase corresponde con los hechos investigados y que han dado lugar a las seis detenciones, cuando los perjudicados comienzan a recibir por correo sentencias judiciales falsificadas y favorables para los intereses de los afectados por las anteriores fases.

Se les comunica el fallo a su favor por el que se ha condenado a los estafadores a abonar a las víctimas las cantidades reclamadas, estando las mismas bloqueadas, a la espera de realizar el previo abono de ciertas cantidades en concepto de tasas judiciales y/o impuestos de otra índole.