Los propietarios de pisos vacíos tienen un nuevo incentivo para ponerlos en alquiler y hacerlo además con un fin social: el Ayuntamiento les avala y garantiza el cobro de la mensualidad. El Gobierno municipal del Partido Popular propone crear un censo de pisos vacíos de propiedad privada en el que los particulares se pueden inscribir voluntariamente.
Estos inmuebles quedarían incluidos en el registro municipal y serían ofrecidos a las más de 400 familias que están en riesgo de exclusión social. La administración local se compromete a pagar el alquiler.
Dos millones de euros al año tiene previsto invertir el Ayuntamiento en esta medida, según ha indicado el alcalde, Francisco de la Torre. Seis millones en total, ya que el plan está planteado con una duración de tres años.
El pago del 100% del coste del alquiler durante los seis primeros meses corre por cuenta municipal. La cantidad disminuirá progresivamente cada semestre. A razón de un 10%, ha aclarado el regidor, con un tope de 450 euros mensuales en el coste de la renta. La diferente la pagará la familia alojada.
Hay 7.390 familias inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas de Protección Oficial. Pero esta iniciativa se centra en atender los casos más acuciantes, que el alcalde ha cifrado entre 400 y 500. Una cifra que se suma a las más de 4.000 que ya están alojadas en propiedades municipales.
A este respecto, ha recordado que se trata de una competencia que no es municipal y que corresponde a la Junta de Andalucía.
Además de negociar con propietarios privados, De la Torre también plantea negociar con los bancos. Quiere crear un censo adicional de viviendas vacías que sean propiedad de entidades bancarias para ver, ha dicho, “en qué medida se pueden añadir” a este registro municipal.
Son dos de los objetivos que persigue la nueva Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda que pretende aprobar el Gobierno municipal del Partido Popular en el próximo consejo rector del Instituto Municipal de la Vivienda, previsto para este viernes.
Este organismo será el encargado de arbitrar todas las fórmulas posibles para evitar desahucios en Málaga, por lo que integra la ya existente oficina municipal de intermediación hipotecaria que, hasta el momento y según ha destacado el alcalde, ha atendido a más de 700 personas.
