Nuevo enredo en la ya complicada situación de los Baños del Carmen de Málaga. Finalmente, la Junta de Andalucía se ha pronunciado sobre la transferencia de las acciones de la sociedad concesionaria de este enclave emblemático de la ciudad y la ha declarado nula en virtud del artículo 70.2 de la Ley de Costas.
Según el citado artículo, "la transmisión inter vivos sólo será válida si con carácter previo la Administración reconoce el cumplimiento por parte del adquirente de las condiciones establecidas en la concesión", tal y como se argumenta en el escrito de la Junta, que, pese a las dudas iniciales, se ha declarado competente en este asunto.
Un trámite que "no es subsanable, sino nulo de pleno derecho", y que no hicieron los compradores de esas acciones, entre los que se encuentran los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Málaga José Luis Ramos y Damián Caneda.
Este grupo de nuevos inversores adquirieron a finales del pasado mes de septiembre por unos 500.000 euros las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen a sus anteriores titulares, las constructoras Vera y Acha. Una compra que, debido a la presencia de exediles del PP, ha generado las críticas de los grupos de la oposición en el Consistorio, PSOE e IU.
La Demarcación de Costas ya envió el pasado 17 de octubre un escrito a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta advirtiendo de que ese traspaso había sido "irregular" e instando a esta administración a que se pronunciara acerca de si dicho defecto podía subsanarse o no.
Mientras se resolvía esta cuestión, la Dirección General de Costas acordó suspender la orden de iniciar el expediente de rescate. Y ahora, una vez obtenido ese pronunciamiento, la Junta le ha urgido a retomar dicho proceso, ha indicado a Europa Press el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Javier Carnero.
RESCATE
El delegado ha subrayado que la Administración autonómica "ha hecho lo que tenía que hacer, por lo que ahora la pelota está en el tejado de Costas". Al respecto, ha instado al organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente a que "cumpla" la sentencia emitida a principios de año por la Audiencia Nacional en la que se le ordena la incoación del expediente de rescate, preguntándose "por qué no lo ha hecho aún".
Cuestionado en su momento por los trámites a seguir y la posibilidad de llegar a una solución, el jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González, ya señaló que, hasta que se envíe el expediente de rescate al Consejo de Estado para su aprobación, la negociación con los privados seguirá abierta.
