La Audiencia de Málaga hará pública este viernes la sentencia del caso 'Malaya', sobre la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, en una vista a la que se han convocado a los acusados y sus abogados, y en la que se leerá el fallo de una resolución, que rondará los 5.500 folios y decidirá si condena o absuelve a los procesados.

   Acusados y letrados han sido citados a las 11.00 horas en la Ciudad de la Justicia y la vista tendrá lugar en la misma sala en la que se celebró el juicio. El principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el exalcalde marbellí Julián Muñoz, vendrán conducidos desde la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. Más de 300 periodistas están acreditados.

   El juicio comenzó el 27 de septiembre de 2010 y terminó el 31 de julio de 2012, pero este caso ha supuesto mucho más que casi 200 sesiones de vista oral, un centenar de imputados y millones de folios de procedimiento. Por primera vez, supuso la disolución de un ayuntamiento, el de Marbella, y la detención de varios cargos municipales.

   El 29 de marzo de 2006 explotó la operación policial con registros en el Ayuntamiento y otras dependencias municipales, sobre todo relacionadas con el urbanismo, y con la detención de una veintena de personas, entre ellas, la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, Roca, que era su asesor urbanístico; y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos.

   Desde entonces, han pasado cuatro años de instrucción, en los que el número de detenidos e imputados se multiplicó; dos años de juicio y uno para que el Tribunal, formado por los magistrados José Godino --presidente de la Sala--, Manuel Caballero Bonald y Rafael Linares, ordenara todas las pruebas y declaraciones para dictar sentencia sobre la considerada la mayor causa de corrupción en España.

   La sentencia será notificada en formato digital por la extensión, tras la lectura "pública y sucinta" del fallo. La resolución cuenta con un índice y un apartado respecto de cada uno de los acusados, aunque Roca se lleva gran parte del documento. Además, también se dedican unos 150 folios a resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas.

LA CAUSA

   La Fiscalía Anticorrupción, pendiente del caso desde el primer momento, acusó finalmente a 86 personas de las 95 iniciales, ya que el fiscal Juan Carlos López Caballero, que se ha encargado de la causa desde el inicio de la investigación y también durante la vista oral, retiró la acusación respecto de nueve personas, entre ellas la hija de Roca. Además, alcanzó un acuerdo con tres procesados.

   Exalcaldes marbellíes, exconcejales, empresarios, abogados y Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, están acusados en relación con esta trama, procedimiento en el que, además del ministerio fiscal, ejercen la acusación el Ayuntamiento marbellí, la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria. Dos de los acusados han fallecido.

   El ministerio público pide 30 años de cárcel y 880 millones para Roca, al que acusa de blanqueo de capitales; prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Su defensa mostró su disconformidad con las conclusiones y los delitos por los que se le acusa, incorporando subsidiaramente la aplicación de la atenuante análoga de confesión y la de comportamiento postdelictivo positivo.

   Para la exalcaldesa, a la que se le acusa de malversación de caudales, fraude, cohecho, alteración para el precio de concursos y cohecho pasivo para acto injusto, el fiscal pide 16 años de prisión, además de inhabilitación y multa por delito de prevaricación. El también exregidor Julián Muñoz se enfrenta a 10 años por malversación y cohecho, aunque también se le acusa de prevaricación.

   Hay varios exediles acusados, como Isabel García Marcos, para la que la acusación pública pide 12 años de prisión por cohecho, malversación y alteración de precios de concursos; o Tomás Reñones que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por los mismos tipos delictivos que Julián Muñoz. Para el exedil Pedro Román se pide 21 años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y blanqueo.

   En cuanto a los empresarios, por ejemplo a los responsables de Aifos, Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón, se les solicita siete años de prisión a cada uno por fraude y cohecho; al constructor José Ávila Rojas --que también vendrá conducido de prisión pero por otra causa--, 10 años de cárcel por cohecho y blanqueo; y a Rafael Gómez, 'Sandokan', 18 meses por cohecho.

LA INVESTIGACIÓN

   Para las acusaciones, Roca amasó un patrimonio "muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Consistorio, mientras la defensa del presunto cerebro de esta trama sostuvo que ya tenía un patrimonio previo importante y que era un empresario de éxito.

   La Fiscalía consideró que para encubrir la titularidad de sus bienes "ilícitamente obtenidos", Roca constituyó "una verdadera organización" que, "bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio". Para la defensa del principal acusado, nunca hubo ocultamiento por parte de su cliente y no existía una organización ni testaferros, sino fiduciarios y administradores "reales".

   Sostuvo el fiscal que Roca dirigía "totalmente el Ayuntamiento" y que aprovechó esto para negociar con empresarios, que "estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", nuevos parámetros urbanísticos de terrenos, bajo el compromiso de incluirlos en la revisión del Plan General.

   Roca admitió que pagó, pero a los portavoces del equipo de gobierno --Marisol Yagüe por el GIL, Isabel García Marcos por el PSOE y Carlos Fernández, que está fugado, por el PA-- y sólo para mantener unido este tripartito. Yagüe y García Marcos lo negaron en los careos que mantuvieron con el principal acusado, quien, además, validó parte de los archivos Maras, aunque no las identificaciones de todas las iniciales. Por ejemplo, para Roca, JM no es Julián Muñoz.

   Prácticamente todas las defensas criticaron, duramente en algunos casos, la instrucción realizada, considerando que se había producido violación de derechos fundamentales. Así, pidieron la nulidad de declaraciones judiciales, arrestos, registros, intervenciones telefónicas, resoluciones judiciales, etcétera, que se practicaron a lo largo de la investigación.