La oficina provincial de Málaga abierta en el marco del Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado que 547 familias sean desalojadas de sus hogares en los primeros ocho meses de funcionamiento.
Desde su apertura, este punto de prevención, intermediación y protección contra los desahucios ha atendido 679 casos, de ellos 547 en el área de intermediación, según ha señalado este viernes la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.
"Las familias que solicitan este servicio a la Junta se encuentran en riesgo de desahucio, puesto que no pueden satisfacer la deuda contraída con la entidad financiera", ha explicado la consejera, al tiempo que ha apuntado que "acuden a nosotros para evitar que se produzca el desalojo y pierdan su vivienda".
A través de la labor de estas oficinas, ha subrayado que "en todos los casos estas personas permanecen en sus hogares, con lo que cumplimos el objetivo que nos marcamos cuando pusimos en marcha la iniciativa".
La consejera andaluza ha ofrecido estos datos en el acto de firma del convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda con cinco municipios de la provincia de Málaga, en la que son ya 54 los que se han sumado a este frente contra los desahucios.
Primero ha firmado este convenio en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Teba con los responsables de este municipio y también de Cuevas del Becerro, Cortes de la Frontera y Villanueva del Rosario. Posteriormente, lo ha suscrito en Antequera con su alcalde, Manuel Barón.
En Andalucía esta iniciativa cuenta con el apoyo de un total de 203 ayuntamientos, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Cortés ha agradecido a los alcaldes de estos cinco municipios malagueños su apoyo al convenio de colaboración con la oficina, que abrió en octubre del año pasado y que, hasta el 31 de mayo, "ha demostrado que la resignación de las administraciones frente a los desahucios no estaba justificada".
"Este programa supuso una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras, ya que entre ellas existe un abismo de estatus y de privilegios que hace inaceptable la equidistancia de las administraciones", ha manifestado Cortés, quien ha animado al resto de localidades de Málaga y a la Diputación Provincial a adherirse al programa para "ampliar y fortalecer el bloque institucional contra los desahucios en Andalucía".
Por su parte, el alcalde de Antequera ha destacado que la intención es "buscar la colaboración y aunar esfuerzos para ayudar a las personas en un momento en el que pueden tener dificultades". Aunque ha dicho que ya es un servicio de asesoramiento que se prestaba en el municipio, ha reconocido que "mientras más esfuerzos aunemos, mucho mejor".
Del conjunto de 679 casos tramitados, 78 de ellos se han abierto en el área de prevención, 547 en la de intermediación y 54 en el ámbito de protección, según ha informado la consejera de Fomento y Vivienda.
"Son soluciones paliativas, que evitan que las familias pierdan su casa; sin embargo, la responsabilidad para solucionar los problemas de fondo de estas familias la tiene el Gobierno central, que puede actuar sobre la legislación estatal y no lo hace", ha advertido Cortés, quien ha recordado que su departamento está "poniendo en marcha medidas, en el ámbito de sus competencias, para combatir los desahucios, tanto con estas oficinas como con el Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda".
Según ha expuesto, "tanto este decreto ley como la sentencia de abril del Tribunal de Luxemburgo fortalecen enormemente este programa contra los desahucios, al dar más herramientas de defensa a las familias que acuden a las oficinas".
En este sentido, Cortés ha afirmado que las oficinas son puerta de entrada de las familias que pretenden acogerse a la expropiación temporal del uso de sus viviendas. "En los casos en que cumplan los requisitos, podremos iniciar los trámites para expropiar temporalmente las casas y ofrecer un respiro a esas personas que, de ser desahuciadas, quedarían en situación de exclusión social", ha aseverado.
VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ANTEQUERA
Por otra parte, un total de 17 familias de la pedanía antequerana de Cartaojal han recibido de manos de la consejera de Fomento y Vivienda las llaves de sus nuevos inmuebles protegidos en régimen de alquiler con opción a compra. Han sido construidos por la Junta de Andalucía y se encuentran entre las calles Nueva y 28 de Febrero.
Si los interesados desean adquirir estas casas, podrán hacerlo entre el primer y el quinto año, con la particularidad de que al precio final del inmueble, que ronda los 104.000 euros, se descontará entre el 60 y el 90 por ciento de la cantidad que se haya entregado en concepto de rentas.
"Con esta medida se logra aprovechar en un alto porcentaje las rentas satisfechas durante ese periodo", ha destacado Cortés en el acto de entrega, en el que ha explicado que su departamento "ha aplicado en esta promoción las medidas para asegurar la función social de la vivienda anunciadas en el Parlamento andaluz para las VPO impulsadas desde la Administración autonómica".
Sobre estas viviendas, el regidor antequerano ha aplaudido que "este largo proceso --lo ha tildado, incluso, de "tortuoso"-- haya culminado felizmente con su adjudicación". "Sin duda, van a solucionar muchos problemas a familias de Cartaojal que no tenían un acceso fácil a la vivienda", ha resaltado, considerando que "es un día feliz, el inicio para muchas personas de un proyecto de vida con futuro".
En virtud de esta iniciativa, la Junta ha cambiado la calificación de los inmuebles, que en origen eran en venta y, además, se ha reducido en un 40 por ciento el precio del alquiler durante los cuatro primeros años.
Los destinatarios de estas viviendas protegidas cuentan con ingresos económicos que no superan las 3,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), lo que equivale a unos 26.000 euros netos anuales.
De acuerdo a ese nivel económico, las rentas que deberán abonar los adjudicatarios rondan los 177 euros mensuales, en el caso de los inmuebles de menor tamaño, y los 274 para las viviendas de mayores dimensiones.
Estas casas se integran en una promoción de 28 viviendas protegidas, con lo que se completa el proceso de adjudicación. La actuación cuenta con una inversión autonómica de tres millones de euros, en concepto de ejecución de obras y redacción de proyectos, incluyendo, además, todos los gastos derivados de la gestión de la intervención.
Ha sido promovida por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que ha construido el edificio sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Antequera para iniciativas residenciales protegidas.
Los inmuebles son unifamiliares y poseen unas superficies útiles que varían entre los 82,52 y los 90 metros cuadrados. Todas las viviendas tienen dos plantas, cuatro habitaciones y una plaza de garaje vinculada. Como novedad, la promoción cuenta con un sistema de captador de energía solar que permite la producción de agua caliente sanitaria.
La promoción se enmarca en una intervención residencial de mayor envergadura que consta de 48 viviendas y que ha sido desarrollada por la Junta de Andalucía en tres fases con una inversión global de 4,20 millones de euros.
