La Fiscalía de Málaga ha acusado a un funcionario de prisiones de un delito contra la salud pública por, presuntamente, pretender introducir en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre unos 18 gramos de hachís que iban dirigidos a un preso del centro penitenciario. Además, también se realiza acusación contra el hombre que supuestamente le entregó la sustancia.
Los hechos sucedieron en enero de 2008. El funcionario acusado fue a la estación de Cercanías de Benalmádena (Málaga), donde "previamente había quedado citado" con el otro procesado, de origen árabe, quien le entregó, según consta en el escrito de acusación provisional del fiscal, una bolsa que el primero metió en el maletero de su coche, marchándose a su casa.
Por la tarde, este hombre volvió a coger su vehículo para acudir a su lugar de trabajo en el centro penitenciario malagueño, estacionando el coche en el aparcamiento y "sacando del maletero la misma bolsa que anteriormente le había dado", según sostiene la acusación pública en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press.
En ese momento fue interceptado por agentes de la Guardia Civil, que realizaron el registro de la bolsa y encontraron "escondido" en un bote de mostaza un trozo de una sustancia que, tras los análisis correspondientes, resultó ser hachís, con un peso de 18,31 gramos y con un valor en el mercado de 112 euros, señala el ministerio fiscal en su calificación.
Esa sustancia, mantiene la acusación, "iba dirigida a ser entregada" a un interno que cumplía condena en el módulo de la prisión del que era encargado de servicio el funcionario acusado, quien, según fuentes del caso, fue suspendido y al que se le acusa de un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño, pero con la agravante de introducción en centro penitenciario.
Por esto, el fiscal solicita para cada acusado la pena de tres años de prisión y multa de 220 euros. El juzgado instructor ha decretado ya la apertura de juicio oral contra estos dos procesados y declara competente para el enjuiciamiento a los juzgados de lo Penal. Además, cita a los acusados a finales de noviembre para que se les notifiquen las acciones judiciales.
Por contra, y tras pedirlo el fiscal, se sobresee provisionalmente la causa respecto de cinco personas inicialmente imputadas, entre ellas otro funcionario de prisiones, ya que el fiscal entendía que "no existen indicios suficientes racionales" para desvirtuar la presunción de inocencia y "no existe prueba objetiva y directa de su participación en la entrega" de dicha cantidad de droga.
