La Junta de Andalucía y la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Málaga disponen ya de un informe en el que han calculado el número de expedientes judiciales que han sufrido una demora por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), entre los días 24 de enero y 28 de marzo, fecha ésta en la que se firmó un acuerdo.
Un paro indefinido por reclamaciones salariales y profesionales que obligó a suspender juicios, aplazar mandamientos de pago por costas a abogados y procuradores, y a retrasar el abono de pensiones familiares e indemnizaciones por despidos y accidentes de tráfico.
Tras el seguimiento hecho en las últimas semanas por todos los secretarios de los órganos jurisdiccionales de Málaga capital y en juzgados de la provincia, como Marbella, Torremolinos, Estepona, Antequera, Fuengirola, Ronda o Vélez, la cifra que ha salido se acerca a los 6.000 asuntos que han registrado un retraso. A ellos hay que sumar unas 2.500 declaraciones de imputados, testigos o peritos judiciales que estaban citados esos días, pero que no se pudieron efectuar durante los días de paro indefinido.
Estos datos solo se refieren a los procedimientos afectados por la huelga de los LAJ, pero no a los que estarían relacionados con la protesta de ahora de los funcionarios de Justicia, que empezó el 17 de abril y que no han sido estimados por el momento.
Las jurisdicciones más afectadas por esta demora son la Civil y la Social o laboral, ya que en otras, como la Penal, se les dio prioridad porque los servicios mínimos fijados establecieron que eran asuntos con carácter de urgencia. Incluían los procedimientos de causas con preso, o las diligencias con detenidos y otras medidas cautelares como la violencia de género.
Tanto los responsables de la Junta de Andalucía (comunidad autónoma que tiene competencias transferidas en materia de Justicia), como la Gerencia Territorial del Ministerio, han comenzado a barajar las posibilidades para acabar con esta acumulación de expedientes judiciales en Málaga, que sitúan al servicio público de la Justicia al borde del colapso.
Los efectos del paro de secretarios, entre enero y marzo, se ha incrementado en las últimas siete semanas por la huelga de los funcionarios. Justicia ha cifrado que solo en el mes de mayo se han suspendido en Málaga 1.321 vistas por este conflicto, y otras 2.070 declaraciones y actos presenciales. Los aplazamientos de diligencias fuera de la sede judicial (como la notificación de embargos y lanzamientos), alcanzaron los 2.974 en mayo.
DOS PROPUESTAS CON AYUDA DE PERSONAL O JUECES
Dos serían las respuestas de choque para ello: Por un lado, el establecimiento de un refuerzo para el personal que hay en plantilla ahora en los juzgados o, por otro, la prolongación de la jornada de 37.5 horas, tanto de los funcionarios como de los secretarios judiciales.
En el primer caso, conllevaría la contratación de personas de la bolsa de Justicia que existe, pero también la 'colaboración' de los jueces y fiscales para poder celebrar mayor número de vistas. La segunda posibilidad que se baraja sería la prolongación del horario de trabajo, que comportaría que el personal de los juzgados pudieran adelantar los procedimientos pendientes por las tardes.
Por la experiencia en anteriores conflictos laborales, las dos administraciones coinciden en que para superar este atasco en Málaga tienen que destinar fondos extraordinarios para el personal que trabaje. En otros juzgados de España, cuando se han producido casos puntuales de atasco, los Tribunales Superiores y el Ministerio de Justicia han acordado la prolongación de la jornada de los funcionarios, entre las cuatro y las ocho de la tarde, con una remuneración extraordinaria de entre 600 y 700 euros de media al mes, a mayores de la nómina. Todo ello con la justificación del número de procedimientos cerrados y certificados por los LAJ.
De acordarse un Plan de Choque se estima que el mismo afectaría a unos 1.500 funcionarios de Justicia de Málaga, de las escalas de Gestión y Tramitación, principalmente, y la de Auxilio Judicial, en el caso de que se celebraran juicios por las tardes. A ellos habría que sumar los letrados de la Administración (LAJ) y los jueces.
Sin embargo, fuentes de la judicatura reconocen las dificultades que entraña para los magistrados la celebración de juicios por las tardes, puesto que "muchos están sobrecargados y utilizan este horario para impulsar la redacción de las sentencias de los juicios que celebran por las mañanas".
En este sentido recuerdan, que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ha utilizado en circunstancias excepcionales anteriores en algunos juzgados de España, el nombramiento de Jueces de Adscripción Temporal (JAT) para reforzar el trabajo de los titulares sobrecargados. Y en algunos casos, también a alumnos de la Escuela Judicial en prácticas, tutelados por los magistrados fijos.
El volumen de trabajo que registran los juzgados malagueños ha hecho, desde hace unos años, que tengan que entrar dos órganos de guardia; uno para los detenidos y otro para celebrar los juicios rápidos por los delitos leves. A esta carga cotidiana, se añaden ahora las consecuencias por los efectos de las protestas laborales de este año.
SEGUIMIENTO A SIETE JUzGADOS
Por otra parte, la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hará un seguimiento a siete juzgados de Málaga que registran un atraso muy importante, tanto por los mandamientos de pago como por el abono de las costas a abogados y procuradores.
La supervisión abarca a penales y mixtos de Marbella, Torremolinos y Fuengirola. En la capital, el retraso sistemático comprende a tres juzgados de lo Penal. En algunos de ellos registran hasta 400 mandamientos de pago sin tramitar al mes, como consecuencia de la falta de medios, constantes cambios de destinos del personal, o los efectos recientes por las huelgas de este año.
El criterio para incluirlos en este seguimiento, que se ha fijado con acuerdo del Ministerio de Justicia, ha sido a partir de más de 300 mandamientos sin finalizar al mes (indemnizaciones por despido, por tráfico, o pensiones), y más de 50 expedientes de tasación de costas sin abonar por los juzgados.
