La presidenta de la AMPA, Montserrat Ghío, confirmó que habían entregado un escrito en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, del que también habían remitido copia a las oficinas de la Delegación Provincial de Educación, a la consejera de Educación, Mar Moreno; al alcalde, Tomás Herrera, y a la delegada municipal de Educación, Francisca Pizarro, en la que recogen un informe de la asamblea en la que se tomó la decisión, acompañada de la documentación enviada previamente a las instancias educativas.
Durante la asamblea, Ghío indicaba que la obra “está prácticamente parada” e incluso aseveraba que, en conversaciones con el jefe de Obras, le habían comentado que “la obra iba demasiado deprisa” y que “la había ralentizado para no terminar antes del plazo de entrega, el próximo mes de noviembre”.
Asimismo, comunicaba a los padres que “se nos solicita el DNI para la entrada al centro comunicándonos el vigilante de seguridad que se accede a una obra y no a un colegio”. A este respecto, el AMPA lanzó una pregunta directa a la consejera: “¿Qué hacen nuestros hijos dando clase en un centro considerado ahora una obra?”.
Asimismo, apuntaban problemas con el transporte escolar adaptado, “el que existe es insuficiente y no cumple con las normativas vigentes, respecto a los cinturones de seguridad”.
Sobre el servicio de comedor, depende de un generador diésel, y en el centro sólo existe luz de obra, por no contar aún con el suministro eléctrico.
A ello agregaron que los problemas que motivaron su renuncia a llevar a los niños al inicio del curso -suelo liso en lugar de rugoso, vallas demasiado bajas- sólo se han solucionado parcialmente. “Sólo han puesto dos barandillas y retirado una bañera para colocar una camilla para cambiar a los niños en los lavabos”, protestó Guío.
Por su parte, el concejal del Partido Popular Bernabé Ramírez, llama la atención a la consejera “por la injustificada tardanza en la terminación de las obras del colegio”.
Para Ramírez, “no es admisible que a estas alturas todavía estemos con obras inacabadas” y sugirió que el retraso obedece “al incumplimiento de la Junta a la hora de pagar a las empresas encargadas de los trabajos” .Calculó también que las obras “durarán más meses del calendario escolar”y que las mismas están ya “perjudicando seriamente la calidad de la enseñanza”, pues estos alumnos “precisan de unas especiales condiciones pedagógicas y de una más cuidada atención”, concluyó.
