“Me veía con mis tiestos y dos niños en la plazoleta. En ese sentido estoy más tranquila, aunque tenga que buscar una casa de un día para otro”. María del Amor, divorciada y con dos hijos a su cargo de 6 y 16 años, respira algo más tranquila después de que Cáritas haya estudiado su caso y haya decidido intervenir asumiendo el alquiler de una vivienda durante seis meses. Una intervención in extremis, pues el próximo martes deberá abandonar el inmueble propiedad del banco que hace tres años ocupó con sus dos hijos al no tener cómo pagar un alquiler. Hace varias semanas recibió la orden de lanzamiento por la que debe desalojar este piso del número 34 de la calle Doctor Marañón, en el Polígono de San Benito. Durante estos seis meses, además en Cáritas introducirán a esta vecina en su programa de inserción y formación laboral para conseguir en este periodo que encuentre un empleo atendiendo también a su perfil y, sobretodo, que le genere unos ingresos para tener autonomía económica.
Cáritas ya había apoyado a Maria del Amor en el reparto de alimentos con los preceptivos informes de los servicios sociales del Ayuntamiento, pero no en materia de vivienda, señalan fuentes de la Diócesis Asidonia Jerez. Al haberse “precipitado” su caso, y tras evaluarlo y estudiar varias opciones, la asociación trabajará en red con otras instituciones, entre ellas el Ayuntamiento, al que le han trasladado la propuesta para que apoye a esta familia abonando el mes de fondo del alquiler y en sus necesidades alimenticias. El actual es ya el tercer requerimiento judicial que recibe esta vecina para dejar el piso. Según relata a Viva Jerez, sus problemas comenzaron con la muerte de su padre, al que estuvo cuidando hasta sus últimos días. Ella y sus dos hijos vivían con él de alquiler, pero enfermó y “se fue muy rápido”. “No me dio tiempo a nada, tuve que dejar de trabajar para ocuparme de él”, señala. A raíz del fallecimiento se vieron en la calle, porque no podían asumir el pago del alquiler que costeaba su progenitor. “Él pagaba de alquiler 330 euros; me era imposible, porque mis ingresos fijo son los 150 euros que me pasa el padre de mi hijo mayor y ahora 185 euros de subsidio. No puedo llegar muy lejos con esto y tengo que alimentar a mis hijos”, lamenta.
Como explica, en todo este tiempo el empleo más estable que ha tenido ha sido los tres meses que estuvo en el programa de ayuda a la contratación en el Ayuntamiento, por los que percibió casi 700 euros, y en la temporada del mosto trabajando cuatro horas los domingos. Por ello, tiene claro que si pudiera volvería a ocupar la vivienda que ahora tiene que dejar y en la que se metió cuando sus vecinos le confirmaron que no vivía nadie y que era del banco. “Allí todo el mundo me conoce. Y ante la desesperación, la abrí y me metí en diciembre de 2015”. Dice que su “guerra” aún no ha terminado. Tiene un paréntesis, pero cree que reúne todos los requisitos para poder beneficiarse de un alquiler social y que hay viviendas vacías en Jerez “hasta por 40 euros de alquiler”. “No quiero que me regalen nada, lo que no puedo es pagar un alquiler normal”. Y es que no se explica que después de siete años siga estando en el número 11 en la lista de demandantes de de viviendas sociales. Denuncia que el Ayuntamiento y Emuvijesa le han “cerrado las puertas”. “Se han preocupado todos menos ellos”, asegura, en alusión a los encuentros con Ganemos, IU y PP. No sabe qué va a pasar, pero se está planteando denunciar a Emuvijesa por la gestión de las viviendas sociales. “Llegaré hasta donde tenga que llegar. Me da igual que no me escuche nadie”, sentencia.
