El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, junto a la delegada territorial de Políticas Sociales, Miriam Alconchel, presentó ayer los datos sobre el impacto que el nuevo Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad tendrá en la provincia de Cádiz. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes este Decreto que beneficiará en la provincia de Cádiz a 21.105 personas con un presupuesto de 8.089.716,98 euros.
La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores.
El Plan de Inclusión a través del Empleo contempla un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación, por el que Jerez percibirá 984.550 euros, con el que está previsto realizar contrataciones a través del Ayuntamiento, permitiendo además el acceso a las personas que están sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social.
Por lo que respecta al Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, Jerez percibirá 52.000 euros, y se trata de nuevas prestaciones de urgencia social, gestionadas por el Ayuntamiento, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas, o necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler.
Novedades del decreto
El decreto, que incluye fórmulas de seguimiento y evaluación del impacto de la crisis en la población andaluza y de sus propias medidas, modificará también el procedimiento y los requisitos para el ingreso en centro residencial de personas mayores en situación de exclusión social, con el fin de flexibilizar el acceso a estos servicios residenciales.
