La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido un informe sobre el caso Gürtel al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que apunta que el Ayuntamiento de Jerez adjudicó en 2004, bajo la presidencia de María José García Pelayo, presuntos contratos irregulares a las empresas de Francisco Correa para el montaje de un pabellón en Fitur y de espectáculos ecuestres y flamencos, por valor de 214.027 euros, “a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos”.
Los investigadores señalan que los empleados del Grupo Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordan y Javier Nombela, efectuaron gestiones para la ejecución de estos eventos, “con anterioridad a que se hubiera establecido y llevado a cabo el procedimiento formal” de contratación por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, y añade que las empresas entregaron a este organismo la documentación administrativa “cuando los trabajos ya estaban ejecutados y había transcurrido casi un mes desde su finalización”.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Jerez apuntaban en el día de ayer que el citado expediente de contratación de actividades con motivo de Fitur 2004 se tramitó “según la legislación vigente”, al tiempo que recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia ya archivó el 30 de mayo de 2011 la denuncia interpuesta por el PSOE contra la alcaldesa, María José García-Pelayo, por su supuesta vinculación con el caso Gürtel. En el archivo el juez dispuso “no admitir a trámite los escritos de denuncia contra García-Pelayo, ya que se acreditó que el procedimiento se había tramitado conforme a lo establecido en la ley”, apuntan fuentes municipales, que también recalcan que la investigación de la UDEF se centra en personas ajenas al Ayuntamiento de Jerez y que “en ningún caso se plantean acciones sobre personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez, centrándose en un interrogatorio a una persona que nada tiene que ver con el Consistorio jerezano”.
Del mismo modo resaltan que “todo lo que se firmó desde la alcaldía se hizo con la rúbrica del interventor y del secretario del Ayuntamiento, cumpliéndose los trámites legales y con la consignación presupuestaria correspondiente, figurando todos los pagos en la contabilidad de las cuentas municipales”.
El informe de la UDEF se centra en la figura de Isidro Javier Cuberos, quien fuera jefe de prensa del PP andaluz y que ejercía de intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento, y al que atribuyen un “papel fundamental”, ya que “canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación S.L. a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros”, según detalla la Policía.
La citada Special Events y Down Town Consulting fueron las empresas que se hicieron “con un contrato negociado sin publicidad” para la organización del stand de Jerez en Fitur de 2004, valorado en 162.806 euros, de otro para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid de un espectáculo ecuestre, por 39.366 euros, y de uno para la celebración de un espectáculo flamenco en el Parque del Retiro, por importe de 11.855 euros.
