El problema venía fraguándose desde hace unas semanas, pero ha sido a partir de este miércoles cuando ha terminado por dar la cara, y todo como consecuencia de un plan contra la exclusión social financiado por la Junta de Andalucía que, más que ayudar a sus beneficiarios, ha terminado por perjudicarles. La cuestión, ahora, y como siempre, es ¿por culpa de quién? La respuesta, también muy parecida: el Ayuntamiento culpa a la Junta y la Junta se lava las manos.
CCOO fue el primero en poner en tela de juicio el desarrollo del Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía, que contemplaba la transferencia de una cantidad económica a los ayuntamientos para llevar a cabo una serie de contratos temporales, ya que los 433 beneficiarios de la iniciativa en Jerez han comprobado, al finalizar su relación laboral con el Consistorio -de tres meses y a tiempo parcial- que se encuentran en situación de “desamparo”, toda vez que no tienen derecho a ningún tipo de prestación. En este sentido, CCOO ha acusado al Ayuntamiento de “falta de transparencia”, ya que supuestamente no informó de esta circunstancia cuando se tramitaron las contrataciones, puesto que “todas estas personas una vez que vaya llegando la finalización del contrato de trabajo, perderán todo derecho a seguir percibiendo prestación social alguna, ni siquiera aquella que venían percibiendo anteriormente”. 
El Ayuntamiento, por su parte, explicó que en el proceso cumplió las bases del Programa de Ayuda a la Contratación, e incluso expuso que la contratación de estas 433 personas se llevó a cabo como peones optando por una relación laboral de tres meses, y no de quince días, para tratar de favorecer a los beneficiarios, al considerar que con contratos de un par de semanas difícilmente podía corregirse la situación de exclusión de estas personas. Para ello, la Junta dotó esta iniciativa con 1,3 millones de euros, una partida con la que debían abonarse los salarios, seguros sociales y otros gastos. 
Sin embargo, las explicaciones no han terminado por convencer y desde la oposición se ha hecho causa común en favor de los afectados, que el viernes accedieron a una reunión con la alcaldesa en búsqueda de soluciones.
En el transcurso de la reunión, la alcaldesa les confirmó que se va a solicitar a la Junta de Andalucía, a través de un escrito,  un nuevo decreto que dé respuesta a las necesidades planteadas por las personas que se han acogido a este programa. Asimismo, en el escrito se va a solicitar una reunión en la que estén presentes Junta, Ayuntamiento y trabajadores.
Pelayo les explicó que “desde el Ayuntamiento se ha cumplido con todo lo establecido en el decreto y se ha aplicado de la manera más beneficiosa”, e incluso apunto que, en el caso del Ayuntamiento de Jerez, se ha ido a los topes máximos establecidos en el decreto, optando por el período máximo de contratación de tres meses.
A tenor de los hechos, desde el Ayuntamiento se va a solicitar a la Administración autonómica “la ampliación del programa o algún algún tipo de actuación especial que les permita acceder a algún tipo de prestación, ya que el problema es que no han cotizado lo suficiente, además de perder la antigüedad en el desempleo; un factor importante para acceder a otro programa o a un plan de empleo”. Según expuso, “este hecho ha sido común a lo sucedido en otros ayuntamientos adheridos al decreto de exclusión” -en Cádiz se encuentran en una situación muy similar-, por lo que la alcaldesa insistió en que el Ayuntamiento “ha sido riguroso en la aplicación de las condiciones del decreto” y se mostró partidaria de subsanar estos problemas “cuyas consecuencias desconocían los propios contratados cuando se adhirieron al programa, por lo que entiende que es necesario un nuevo decreto que complete los días de cotización o una medida especial para que no pierdan la antigüedad”.
La alcaldesa insistió a su vez en que “las condiciones de los contratados, tanto en tiempo como en salario, vienen marcadas por el decreto y la legislación laboral vigente”. No obstante, también advirtió que “el Ayuntamiento ha aplicado el decreto teniendo en cuenta las condiciones más beneficiosas para los contratados: tres meses frente a los quince días” y ha puesto como ejemplo el Ayuntamiento de Sanlúcar donde los contratos han sido sólo de quince días.