Quince personas, casi en su totalidad vecinos de Jerez, y de otros municipios de la provincia de Cádiz, Sevilla y uno de Madrid, se sientan mañana lunes y toda la semana en el banquillo de la sala de la sección octava de la Audiencia Provincial acusados de un delito contra la salud pública al ser los presuntos integrantes de una red dedicaba al tráfico de cocaína entre Madrid y la provincia de Cádiz. La actuación desarrollada por la Guardia Civil en el marco de la denominada “Operación Aceituno” se saldó con la intervención de más de cuatro kilos de droga en octubre de 2012 y estaba liderada por un jerezano, Eduardo H. B, que acababa de salir de prisión y contaba entre sus principales lugares de distribución con un prostíbulo de Jerez, además de con un laboratorio en Madrid.
Según los investigadores, Eduardo H.B. se puso al frente de una organización dedicada al transporte de cocaína entre Madrid y la provincia de Cádiz que tenía dos líneas principales de distribución. De la primera de ellas se encargaba Juan Carlos G.L, de 41 años y vecino de El Puerto de Santa María, que se dedicaba a la distribución y venta de cocaína en esta localidad, en Puerto Real y en San Fernando, además de recoger los beneficios económicos con los que financiaban nuevas compras de droga en Madrid.
Al frente de la segunda línea estaba Francisco Javier G. G., el cual se encargaba de la distribución en Jerez utilizando una local en el que se ejercía la prostitución y donde se suministraba tanto a clientes como a otros 'camellos', que después la vendían al por menor. Francisco Javier G.G. utilizaba a su vez a otros dos miembros de la organización, uno de ellos su propio padre, para repartirla a vendedores de localidades como San José del Valle y pedanías colindantes.
En el escrito de calificación de los hechos de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, el ministerio les reclama penas que van desde los ocho años de prisión por un delito contra la salud pública para el caso del cabecilla, el jerezano Eduardo. H.B, Antonio A.P, natural de Madrid, Juan Carlos G.L, natural de El Puerto de Santa María y Francisco J. G.G, natural de Paterna. Para el resto de los procesados el fiscal pide cuatro años de prisión Además, el ministerio público interesa también el decomiso y destino legal de la droga, dinero, vehículos, teléfonos y demás efectos intervenidos.
cinco meses de investigaciones
Las investigaciones para descubrir la actividad delictiva de parte de los acusados, que se realizaron durante cinco meses, motivaron además la solicitud de intervenciones de comunicaciones telefónicas que fueron autorizadas en marzo de 2012 por el juzgado de instrucción número 4 de Jerez, a través de la cual se pudo comprobar que el principal encausado Eduardo H.B, según el Ministerio Fiscal, “se dedicaba a adquirir importantes cantidades de cocaína en Madrid, planificando y organizando junto con el también acusado Juan Carlos G.L. los viajes a dicha capital para desplazar la cocaína adquirida hasta la localidad de Jerez y posteriormente suministrarla a terceras personas para su venta en numerosas poblaciones de la provincia de Cádiz”.
