El fiscal ha pedido siete años de prisión y 16 de inhabilitación para la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, a la que acusa de cuatro delitos relacionados con la concesión de una ayuda a una empresa para que comprara suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial.
Esta petición de condena, la misma que pide también la Abogacía del Estado, se suma a la solicitud de tres años de cárcel y multa de 8,6 millones de euros que el fiscal ha pedido también recientemente para la exalcaldesa de Jerez en otro caso en el que se le acusa de desviar subvenciones estatales del denominado "Plan E" para pagar gastos municipales.
Según han informado a Efe fuentes próximas al caso, el fiscal anticorrupción ha acusado de los delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en la administración, a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera en un escrito en el que también pide penas de prisión para otros seis imputados.
En su escrito, de unas 40 páginas, el ministerio público ahonda en la idea de que Pilar Sánchez presionó para que se le concediera una ayuda de 244.000 euros a la empresa TISA (Tecnología e Innovación Sanitaria), dedicada al suministro de material médico, para ayudarla a comprar unos terrenos en el PTA de Jerez, en los que la firma se iba a instalar.
El fiscal también pide una condena de cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para el entonces concejal de Fomento y actual concejal y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Jerez Francisco Lebrero, y cinco años y medio de prisión e inhabilitación absoluta de 16 años para la exdelegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez.
A ambos les acusa de cooperación para la prevaricación, malversación falsedad en documento y fraude en la administración.
Además pide dos años y tres meses de prisión y multa de diez meses por un delito de falsedad documental para Salvador Rubio, el técnico municipal que rubricó el informe en el que supuestamente cambió la baremación que previamente había dado a la empresa en su solicitud de ayuda para darle la puntuación máxima y que la obtuviera.
El fiscal también pide cuatro años y medio de prisión e inhabilitación de nueve años para Jose Manuel Caro Cordero, José María Cesara Ribera y José María Ribera Guzmán, gerentes de la sociedad TISA a los que el ministerio público también acusa de prevaricación, malversación y cooperación necesaria en fraude a la administración.
Asímismo solicita que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de otra empresa en la que se reconvertió TISA para la devolución de los 244.000 euros, que es la cantidad que se le dio, según las acusaciones públicas, de forma ilegal a la empresa.
Pilar Sánchez, que actualmente trabaja como responsable del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía, ha centrado su defensa en este caso, que ha instruido el juzgado de instrucción número 5 de Jerez, en que las acusaciones se basaban en las declaraciones de un técnico municipal que quería defenderse de las acusaciones que pesaban sobre él y que, además, estaba "bastante enfadado" porque no había sido nombrado gerente del PTA, según explicó en una rueda de prensa.
Entonces también explicó que la minoración en el precio de las parcelas son una práctica habitual en los ayuntamientos para atraer empresas y generar empleo, y apuntó que no existía "cuerpo del delito" porque el Ayuntamiento y la empresa rompieron el preacuerdo alcanzado para la adquisición de suelo en el PTA.
