Los trabajos de reforma de la calle Trafalgar permanecen a la espera de que el Ayuntamiento determine qué empresa los finalizará tras el parón sufrido.

El concejal delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, subraya que el procedimiento administrativo para adjudicar las obras se realizará “por vía de urgencia, ya que la segunda empresa con mayor puntuación en el pliego de condiciones está en suspensión de pagos y no puede hacerse cargo”.

De esta forma, la elección se puede adoptar “por contratación directa”. Así, el edil remarca que el procedimiento está “cumpliendo los trámites normales en el departamento de Contratación”.

Al calcularse el presupuesto necesario para finalizar la obra (con cargo a los fondos FEIL), se ha determinado que la cantidad requerida está dentro de los parámetros legales que permiten una adjudicación directa y no tener que recurrir a una licitación.

En esta línea, González de la Torre explica que “sacar ahora de nuevo un pliego de condiciones haría que el proceso fuera muy lento. Sin embargo, ahora no creo que tarde mucho, espero que esté adjudicado en breve”.

Los trabajos de la calle Trafalgar sufrieron un importante retraso después de que la constructora Juan Rodriguez ralentizara las operaciones alegando una importante deuda con el Ayuntamiento.

Rescate
El anterior equipo de Gobierno, dirigido por Diego Sánchez Rull, optó entonces por rescatar la concesión al entender que no se estaba ejecutando y que las deudas a las que se refería la empresa no estaban relacionadas con esa obra. Además, debido a la cercanía de la Semana Santa, se optó por recuperar los trabajos, en una decisión que posteriormente respaldaría el Consejo Consultivo.

Con esta medida, el Ayuntamiento pudo concluir le adoquinado con personal propio. Aún así, todavía resta por asfaltar la vía, proceso pendiente desde entonces.

Paralelamente, el gerente de la constructora Juan Rodríguez, Darío Rodríguez, denunció que el acuerdo de suspensión de la concesión fue “absolutamente arbitrario e ilegal, y adoptado en un procedimiento sumarísimo que no se corresponde con el que marca la normativa reguladora y del que se han prescindido de trámites esenciales”.

Por este motivo, la constructora presentó una querella contra el entonces alcalde, Diego Sánchez Rull, y el secretario municipal del Ayuntamiento, José López Guío. La compañía alegó que ambos habrían cometido un supuesto delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal. Por ello, piden su inhabilitación por un periodo de entre 7 a 10 años.