La empresa Acerinox presentó ayer su solicitud de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz. A falta de que los técnicos de la Junta analicen el contenido, los términos de la petición se mantienen: duración hasta final de año y asentado en la bajada de producción que se espera padecer en los próximos meses.

El delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, adelantó la semana pasada en su visita a Algeciras que la respuesta del Gobierno andaluz a la solicitud de la acería podría producirse en una semana. Eso sí, siempre que no sea necesario requerir información adicional de la acería y que se dé por finalizado el denominado periodo de consultas con los trabajadores.

A este respecto, la plantilla ya refrendó en votación la petición de la acería, ante la perspectiva de otras medidas laborales de mayor calado, como los despidos que se están produciendo en las plantas de los competidores de Acerinox en Europa.

Sin embargo, Bouza ya matizó que la Junta “no aprueba expedientes preventivos”.  El delegado detalló que esa herramienta “debe ser utilizada con criterios muy concretos, para salvar coyunturas concretas. No puede ser usada para que el Estado sea quien pague, porque a lo mejor hay fórmulas para que esas fluctuaciones en las empresas se solventen de otra manera”.

Además, Bouza se mostró “bastante partidario, con carácter general, de la reflexión del Ministerio de Trabajo sobre que las empresas con beneficios deben pagar los expedientes de regulación”.  La acería declinó ayer desde Madrid realizar un “juicio de valor” sobre esta propuesta y apuntó que “estamos siguiendo los trámite marcados por la ley”.

El ERTE que Acerinox presentará a la Junta tendrá un coste para el sistema nacional de Empleo, en caso de que se agoten los seis meses que se solicitan, de 10,5 millones de euros; una cifra menor a los 15,5 millones de beneficios en el primer trimestre del año.