El presidente de la Comisión de Investigación creada para dilucidar los posibles actos ilegales relacionados con la supuesta existencia de una Caja B en el Ayuntamiento de San Roque para la recaudación de multas, Manuel Melero, solicitó ayer por escrito al alcalde, Fernando Palma, la celebración, en breve, de una sesión plenaria de carácter extraordinaria y “monográfica” sobre el asunto.

El también portavoz del Partido Andalucista dio ayer por cerrado el trabajo de la comisión tras más de un año de indagaciones, y a pesar de no contar con toda la documentación que inicialmente habían requerido.

No obstante, esta comisión considera suficiente lo aportado como para señalar a personalidades políticas tanto del PSOE como del PP como responsables de un uso supuestamente ilegítimo del dinero público entre 1998 y 2003, pero también se señala que se aprecian irregularidades similares en 2007, cuando gobernaba el PSOE.

Incluso familiares
Según pudo saber este diario, el informe señala implicaciones políticas, familiares anónimos que tendrían relación con el asunto, y algunos empleados del Ayuntamiento, si bien se excluiría de acciones irregulares a todos los funcionarios de la Policía Local implicados en un primer momento, ya que se entiende, por parte de la comisión, que cumplían una serie de directrices políticas.

Fuentes consultadas aseguran que en la sesión plenaria solicitada por el presidente de la Comisión se darán a conocer nombres supuestamente responsables de la trama.

En las indagaciones de la comisión han tomado parte 12 testigos, incluidos el alcalde, Fernando Palma, el antiguo concejal de Hacienda, interventores, secretarios y policías locales.