El propietario del Club Hípico Botafuegos, José Galán, mostró ayer su rechazo a la propuesta de negociación que la Delegación de Urbanismo le habría remitido para zanjar un conflicto que se remonta a años atrás.

Según apunta el propio Galán, desde la delegación municipal que ostenta el edil Diego Sánchez Rull se le habría hecho llegar un documento. Eso sí, el propietario del Club Hípico señala que la remisión se realizó por vía telemática (a través de un email) y sin que en ella constase ningún elemento identificativo del Ayuntamiento algecireño.

Tras analizar el texto se aprecia que se trata de un borrador de un convenio a firmar por el administrador de la empresa Hermanos Villanueva Garrigos (el propio Galán) y el alcalde, Tomás Herrera. En cualquier caso, el documento enviado sostiene que la eventual firma y rúbrica del convenio “no puede ser interpretada ni alegada por una de las partes ante cualquier instancia administrativa o judicial.

Es más, el borrador del acuerdo señala que, una vez firmado, ambas partes lo presentarán ante el juzgado a fin de solicitar la suspensión de la sustanciación de los procedimientos judiciales, mientras se tramita la solicitud de un Proyecto de Actuación.

Además, si el actuación obtuviese una resolución definitiva favorable, Hermanos Villanueva debería solicitar “el desestimiento y archivo de los procedimientos judiciales abiertos”, a excepción del proceso abierto por segregación, “que continuaría su tramitación procesal independiente”.

Cláusulas
El convenio remitido a Galán está compuesto de una exposición de motivos y de diez cláusulas. En la introducción del texto se remarca que “la construcción, puesta en funcionamiento y apertura al público” de las instalaciones “ha generado una dilatada controversia judicial, no siempre deseables”.

En el texto el Ayuntamiento reconoce que la ciudad “adolece de equipamientos y dotaciones relacionadas con actividades recreativas y turísticas”.

Según la exposición de motivos, la “posibilidad de autorización excepcional (del Club Hípico) radica en la concurrencia de utilidad pública o interés social, que han de constatarse inexcusablemente conforme al procedimiento establecido”. El Consistorio subraya que la construcción no puede catalogarse como instalación al servicio de preservar el medio natural, no está destinada a la ejecución de obra pública y no está ligada a los aprovechamientos agrícolas o pecuarios del territorio.

Con todo, el texto del acuerdo presentado a Galán sostiene que “la actividad ganadera relacionada con la cría de caballos ha de constituir el eje central sobre el que gravite la necesidad de implantar una explotación de estas características en suelo no urbanizable”.

De esta forma, “toda actividad que se pretende poner en marcha ha de tener como ineludible punto de referencia la explotación equina y los valores naturales que en ella concurren”. Todo ello, “sin perjuicio de que las actividades auxiliares más próximas a los usos turísticos no residenciales y recreativos se puedan compatibilizar con niveles aceptables y sostenibles de desarrollo socioeconómico”.

La propuesta remitida a Galán también incide en que cualquier actuación a realizar en los terrenos “ha de someterse al régimen legal” y disponer de un “Proyecto de Actuación”.

En este sentido, el Ayuntamiento se compromete en las cláusulas acordadas a “emitir cuantos informes favorables sean precisos” cuando el Proyecto de Actuación se remita “al órgano autonómico competente”. Además, el Consistorio se compromete a “impulsar la tramitación administrativa” del proyecto “con la mayor celeridad posible”.

Además, el escrito remitido a Galán va incluso más allá y plantea el estudio, entre ambas partes, de un “convenio de colaboración que permita la utilización de las instalaciones para actividades de interés social impulsadas por el Ayuntamiento en régimen económico favorable y preferente”.