Los concentrados subrayaban que el anteproyecto de Ley Postal supone una reconversión encubierta de la empresa, por lo que protestaron en defensa de la viabilidad del operador público y contra el apagón postal.
La huelga tuvo un seguimiento del 90% en el conjunto de la provincia gaditana que descendió levemente hasta el 80% en la comarca, según los datos trasladados por los sindicatos.
De esta forma, la sucursal de Correos en la Plaza Alta permaneció cerrada mientras que la oficina central en El Secano “apenas operó con dos ventanillas de atención al público”. En el caso de la Línea, el servicio operó “bajo mínimos” al estar “prácticamente cerrada”. En cuanto a San Roque, la atención al público también se vio mermada “al estar más de la mitad de personal de huelga”.
A este respecto, los sindicatos tacharon de “soberbia” la actitud de la empresa y del Gobierno central, quienes no habrían decretado servicios mínimos para cubrir los paros previstos.
Los sindicatos valoran que, en principio, serían 18.000 los empleados afectados por la remodelación que pretende llevar a cabo Correos, del total de 60.000 trabajadores con los que cuenta en plantilla.
Tanto CSIF como CC OO denunciaron que los despidos “ya han afectado a 126 personas en la provincia de Cádiz”, a lo que se sumaría “un bajo nivel de contratación. Los eventuales han pasado a ser un porcentaje mínimo en las coberturas, reduciéndose en un 30% su contratación. Además, el absentismo, las jubilaciones o el traslado a otros puestos no se cubren”.
En el Campo de Gibraltar Correos dispone de unos 400 empleados, de los que uno de cada cuatro podrían perder su empleo según la media establecida a nivel nacional.
Afectados
Según el representante sindical de CC OO, Juan Carlos Rodríguez, “la intención de Correos pasa en las grandes ciudades por la concentración buzones, con lo que se eliminarían puestos de trabajo. Así, por ejemplo, si se hiciera esto en la barriada de San García, se pasaría de diez carteros a uno o dos”.
Paralelamente, el anteproyecto recogería que los envíos con más margen, como grandes paquetes, quedarían limitados a paquetes, cartas y paquetes de menos de diez kilogramos.
Rodríguez criticó la “desidia que tiene Correos con sus empleados. Con la nueva Ley se crea un nuevo impuesto, ecotasa, con la que el usuario tendría que pagar un impuesto más por echar la carta. A esto se sumaría la aportación privada”.
Para las centrales sindicales “cuando Correos pase a ser una entidad privada los empleados perderán sus privilegios como funcionarios”.
Con todo, el representante sindical de CSIF, Mario Pecino, subraya que los puntos principales de la reivindicación pasan por “la mala calidad que tendrá el servicio cara al público y la mala prestación en los puestos de trabajo que no se consolidarán y en los que no habrá forma de consolidarse”.
