Tras finalizar el día 2 de septiembre el plazo de exposición al público del pliego de condiciones, el Ayuntamiento de Jaén ha abierto el plazo para la presentación de ofertas a los que estén interesados en la gestión de tres parcelas de olivos de titularidad municipal. Se trata de una iniciativa del equipo de gobierno del PP para que estos olivos propiedad del Ayuntamiento puedan ser explotados por familias necesitadas. En total son 804 olivos que se subastan, en total, con un canon anual de 1.000 euros y por un periodo de cinco años.
La intención del Ayuntamiento, como ha explicado el concejal de Hacienda, Miguel Contreras, es que los adjudicatarios puedan planificar la gestión de las fincas durante y obtener así una mayor producción y rendimiento. Las tres fincas que se ofertan son las siguientes: Parcela en el SUNP-6 en el Polígono Empresarial Nuevo Jaén, con una extensión aproximada de unos 70.000 metros cuadrados y 530 olivos, para la que se pide un canon anual de 800 euros; Parcela junto al Cementerio de San Fernando con 15.700 metros cuadrados y 150 olivos, y un canon de partida de 100 euros; y Zona ubicada en la Carretera de Otíñar, con 21.100 metros cuadrados y 124 olivos, y también un canon de 100 euros.
El plazo de presentación de ofertas económicas tendrá un plazo de 15 días naturales desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El concejal Miguel Contreras ha explicado que el objetivo es que las actuales parcelas de olivar, que están libres de cargas y que son de titularidad municipal, “se entreguen en concesión para rentabilidad de estos terrenos públicos y para posibilitar que familias jiennenses puedan tener una actividad agrícola que genere recursos económicos”.
Sin embargo, el proceso abierto por el Ayuntamiento ha generado ya las primeras críticas. El grupo municipal de IU ha alertado de que esta subasta excluye a las familias sin recursos e impide que estos terrenos sirvan para paliar la difícil situación económica por la que atraviesan muchas familias de Jaén. Además, sostiene que el hecho de que el método de adjudicación sea una subasta “supondrá que el mejor postor, es decir, aquel que ponga más dinero encima de la mesa, se quedará con las parcelas, haciendo imposible que familias sin ningún tipo de ingreso accedan a estas tierras para su explotación”. Por ello, IU viene demandando que se apliquen cláusulas sociales en las contrataciones municipales de manera obligatoria. “Si estas cláusulas estuvieran en vigor”, señala el portavoz de IU, Pablo Foche, “en este caso se aplicarían criterios sociales de forma automática”. Foche avanza que con la situación económica agravada, el número de solicitudes para explotar estas fincas será numeroso, pues incluso han mostrado interés vecinos de otros municipios. IU ha venido solicitando en reiteradas ocasiones que se articulara un mecanismo – un reglamento- que atendiendo a criterios estrictamente sociales, permitiera explotar estos terrenos a personas y familias sin ingresos o en situaciones de exclusión.
