La vicesecretaria de Organización del Partido Popular andaluz, Ana Corredera, ha exigido este martes a la Fiscalía de Jaén que utilice "la misma rapidez, la misma diligencia y el mismo rasero" con la Junta de Andalucía que con el Ayuntamiento de la capital "a la hora de abrir investigaciones aunque sean informativas sobre otros temas, como por ejemplo, sobre los impagos" de la Administración autonómica a las entidades locales y que "también causan temor en la población".
Así ha contestado en rueda de prensa a los medios de comunicación que le han preguntado por cómo valora el PP-A que la Fiscalía de Jaén haya abierto de oficio diligencias informativas para "conocer lo que está ocurriendo" en relación a la prestación del servicio de la dependencia en la capital a raíz del conflicto iniciado entre la Junta y el Ayuntamiento una vez que el equipo de gobierno de José Enrique Fernández de Moya (PP) ha decidido denunciar el convenio con la Administración regional en esa materia.
Corredera, que ha dicho no querer entrar "en lo que hace la Fiscalía", sí que le ha pedido "que utilice el mismo rasero" para todas las administraciones porque, en este caso, lo que la Ley de Atención a la Dependencia "dice es que la competencia" de la prestación de dichos servicios "es exclusiva de la comunidad y que la colaboración que tienen que prestar los ayuntamientos es para la elaboración del plan individualizado". "Nada más", ha apostillado para advertir de que es la "Junta la que tiene que adelantar el dinero" a las corporaciones locales para la prestación del servicio y no "hacerlo con retraso, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía".
En ese sentido, ha criticado que los "impagos" del Gobierno andaluz estén "obligando" a los ayuntamientos a tomar este tipo de decisiones al no poder "anticipar el pago" de la ayuda a domicilio a las familias de los dependientes y ha augurado que, como el de Jaén, "seguramente tomen la misma decisión" otros ayuntamientos, aunque ha evitado decir cuáles porque eso, según ha justificado, es una decisión que tiene que tomar cada consistorio en función de su capacidad económica y financiera.
