El plan de pago aproveedores salió ayer adelante en el pleno con los únicos votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de los dos grupos de la oposición. Las dudas respecto a los duros efectos que tendrá sobre las arcas municipales el obligado plan de ajuste motivaron esta posición de PSOE e IU que fue muy recriminada por parte, especialmente, del alcalde,José E. Fernández de Moya. En total serán 203 millones de euros que, a un interés, en principio, del 5 por ciento, deberán devolverse en doce años (los dos primeros son de carencia).   El equipo de gobierno volvió a defender las bondades de una operación que supone una “magnífica oportunidad” para inyectar liquidez a más de 1.600 empresas que tienen deudas con el Ayuntamiento. El concejal de Hacienda, Miguel Contreras, precisó que que al tipo del 5 por ciento los dos primeros años de carencia se abonarán entre 12 y 13 millones de euros sólo de intereses. A partir de ahí se iría amortizando. Para afrontar un pago que ha sido puesto en duda por la oposición, el edil insistió en las medidas de austeridad a las que el Gobierno central le ha dado su beneplácito y que servirán para equilibrar unos presupuestos que en los últimos años han tenido un déficit medio de 40 millones.   Los socialistas, que se abstuvieron en la votación, alertaron de los riesgos del plan de ajuste que, según ellos, ha incumplido sus normas pues tiene el informe desfavorable del Interventor General del Ayuntamiento. Los cálculos del grupo municipal concluyen en que en el periodo de amortización se superarán los 35 millones de euros anuales de pago, lo que supera por mucho los 24 millones de euros de la participación de los Tributos del Estado (24 millones). “Se está hipotecando el Ayuntamiento y la ciudad”, afirma la portavoz, María del Mar Shaw.   Esas dudas también fueron trasladadas por el grupo municipal de IU, que fue más allá y calificó la operación de “golpe de estado” a la autonomía municipal, pues obligará a cambiar la política presupuestaria en los próximos años. Su portavoz, Isabel Mateos, insistió en que es un “suicidio” económico y advirtió del “gran daño” que se hará al Ayuntamiento como administración.   Aprobado el último trámite del ‘Santo Reino’ El equipo de gobierno con los votos del PSOE sacó adelante el último trámite para el cambio del PGOU para facilitar la construcción del parque comercial ‘Santo Reino’, que conlleva una inversión privada que supera los 57 millones de euros. Izquierda Unida se abstuvo ante la dudas por la ejecución de un proyecto de este calibre en las afueras y su efecto en el comercio. Respecto al proyecto de hotel y gran superficie comercial de alimentación, IU votó en contra al estar en contra de la política comercial que se está llevando a cabo. Socialistas y populares votaron a favor.   Los socialistas acusaron al alcalde, José E. Fernández de Moya, de “sectarismo” y “falta de talante democrático” después de que, según ellos, volviera a negar la participación y el derecho a réplica en el pleno.