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Martes 16/04/2024  

España

Teruel Existe, a Sánchez: La Constitución pide igualdad entre autonomías

Ha criticado que la nueva sede de la Agencia Espacial Española (AEE) se ubique en Sevilla, la cuarta ciudad más poblada del territorio

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  • Visita de Tomás Guitarte, de Teruel Existe. -

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Constitución no permite privilegios económicos o sociales entre Comunidades Autónomas y ha criticado que la nueva sede de la Agencia Espacial Española (AEE) se ubique en Sevilla, la cuarta ciudad más poblada del territorio.

"Esto no es un ejercicio de lucha contra la despoblación ni en favor de la cohesión territorial", ha afirmado Guitarte en declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciarse el acto de celebración del Día de la Constitución en el Congreso, en el que participa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidentes autonómicos y altas autoridades del Estado y de las instituciones.

Guitarte ha querido recordar a Sánchez los artículos 138 y 139 de la carta magna que afirman que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales" y que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".

"Exigimos que se cumplan", ha dicho tras lamentar que el Gobierno no "camina hacia una parte importante de la Constitución que es la del desarrollo y el equilibrio territorial".

Guitarte ha recordado el recurso contencioso administrativo que ha interpuesto Teruel Existe en la Audiencia Nacional contra los criterios que recogía el pliego de condiciones para establecer la sede de la Agencia Espacial Española y ha incidido en que la ubicación de la sede incumple la ley de Ciencia que aprobó el Parlamento y no respeta las mociones aprobadas por mayoría.

Además, la formación que representa a la España despoblada ha pedido al Ejecutivo que vote en contra de la propuesta de la Unión Europea que permitirá agilizar la implantación de energías renovables sin estudio de impacto ambiental previo y sin concurrencia pública porque incumple los principios constitucionales de participación ciudadana.

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