El titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Ayamonte (Huelva) ha archivado la causa abierta contra el alcalde de La Redondela, Salvador Gómez (PSOE), denunciado en 2017 por presuntos delitos de prevaricación urbanística y fraude de subvenciones vinculados a la construcción de una guardería.
Se trata, según se recoge en la sentencia, de una causa abierta con motivo de una convocatoria e ayudas en la que la Junta de Andalucía concedió a La Redondela una subvención por importe de 400.000 euros para construir una escuela infantil.
De la citada cantidad, La Redondela recibió un primer pago de 300.000 euros en octubre de 2012 aunque las obras no comenzaron hasta tres años después, y ante la falta de justificación parcial de este montante, la Junta no transfirió los 100.000 euros restantes de la subvención, por lo que el Ayuntamiento debería proceder al reintegro del dinero recibido inicialmente.
Tres años después, en agosto de 2015, el Pleno municipal acordó adjudicar a la empresa Inversiones Hergamo S.L. el contrato para la construcción de la escuela, aunque el verano siguiente la empresa comunico que se le adeudaba una cantidad superior a 187.000 euros.
Se dio la circunstancia, según la denuncia, de que la guardería se construyó sin saberlo el Ayuntamiento de Isla Cristina, del que depende La Redondela como Entidad Local Autónoma, y sin sin licencia de obra mayor, que debía otorgar el mismo Ayuntamiento isleño al no tener competencias para ello La Redondela.
Una vez que el denunciante comprobó que el impago a la empresa no tenía relación con la falta de fondos, ya que la transferencia se había realizado en tiempo y forma al Ayuntamiento, elevó una denuncia a la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación y puso los hechos en manos del juzgado Decano de Ayamonte en forma de denuncia.
En el juicio, el alcalde de La Redondela mantuvo en todo momento su inocencia, sosteniendo que todo el proceso se hizo según la normativa vigente, igual que el secretario municipal, que estaba igualmente imputado en este caso.
No obstante, el juez ha decidido archivar el caso, entre otras cosas, por la falta de seguimiento del mismo de la acusación, además de que “continuar con la tramitación de la causa supondría actuar en contra del principio de economía procesal, cargando al Juzgado (ya de por sí sobrecargado) de una serie de trámites adicionales que desembocarían en el mismo resultado”.
