Dos investigadas por figurar como prejubiladas en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva subvencionado por la Junta y el Gobierno central sin tener derecho a ello, calificadas "intrusas", insisten en pedir a la jueza María Núñez que archive la causa contra ellas por considerar los hechos prescritos.
Núñez, instructora del caso ERE, rechazó archivar la investigación respecto a ambas en un auto del 13 de junio alegado por aunque la defensa esgrimía que han "transcurrido más de 10 años" desde que se adhirieron a las prejubilaciones de ese ERE, estuvieron cobrando "al menos, hasta el año 2011, cuestión ésta fundamental puesto que el plazo de prescripción del delito de malversación se computaría desde que cesaron los pagos".
Sin embargo, la defensa de ambas ha recurrido en reforma ese auto de la jueza y en un escrito del 18 de junio al que ha tenido acceso Efe considera que la magistrada "posterga de manera artificiosa el momento de la supuesta malversación que se investiga".
La defensa considera que se tiene que considerar como fecha cuando sus clientes se adhirieron al ERE, el 15 de julio de 2005, ya que a partir de ahí al gestionarse las pólizas de prejubilación mediante aseguradoras los fondos para pagarlas "dejaron de ser públicos" y "aquellas acciones posteriores a la salida de dich5os fondos que puedan ser irregulares no constituyen malversación".
María Dolores C.L. y Rosa María R.M. estuvieron cobrando hasta el 2011 una renta de prejubilación financiada con fondos públicos pese a que pertenecían a las empresas mineras afectadas por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva.
Ambas reintegraron el dinero cobrado "a la Junta de Andalucía, hace casi seis años, cuanto les fue exigido que así hicieran" argumento que también fue esgrimido por la defensa en su momento para solicitar el archivo si bien ni el fiscal ni la Junta como acusación particular lo apoyaron y Núñez tampoco lo consideró motivo para el sobreseimiento sin perjuicio de que ello suponga una atenuante para rebajar una eventual condena y reduzca el importe de la posible responsabilidad civil
La Fiscalía rechazó el archivo al subrayar que ambas eran "plenamente conscientes de que no tenían derecho" a cobrar las rentas de prejubilación ya que "nunca habían trabajado" para ninguna empresa de la Faja Pirítica de Huelva y "el hecho de que con posterioridad hayan devuelto lo indebidamente percibido no puede conllevar el archivo ya que el delito se había consumado con la concesión y pago de las ayudas".
También la Junta se opuso al rechazar que los hechos hayan prescrito ya que estuvieron cobrando hasta 2011.
El ERE de la Faja Pirítica de Huelva de 2003 fue cofinanciado por el Gobierno central y el autonómico con 40 millones de euros para la prejubilación de trabajadores de cinco empresas mineras: Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis -Bolsa de Tharsis e Insersa- y Minas Río Tinto.
En esta pieza separada hay investigados excargos de la Junta -algunos excluidos al ser procesados en la pieza política- y del Gobierno central que presidía entonces José María Aznar, además de los exdirigentes de UGT y CCOO en Andalucía y responsables de aseguradoras y mediadoras.
