En plena crisis económica, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva abonó más de 300.000, divididos en dos facturas, a un despacho de abogados por cuatro procedimientos contencioso-administrativos, a pesar de contar con un informe del secretario de la Gerencia que entendía “excesiva” la cuantía.
Dichas facturas, con fecha de 2010 y por tres procedimientos de 2003 y uno de 2007, aparecen dentro de la extensa lista de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2013 que presentó el Ayuntamiento para justificar la petición de acogerse al último plan de ajuste, llamado medidas extraordinarias de liquidez.
Así, en el pasado pleno del 30 de mayo, el equipo de Gobierno presentaba un maremágnum de números, y entre ellos, la cifra de 22.616.853,28 euros, correspondiente al saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre, relativo al año 2013.
Dentro de esos 22,6 millones de pagos pendientes sin justificar, están estas dos facturas, ambas descritas como minuta de honorarios profesionales, una de 161.070 euros, y otra de 141.600 euros. Curiosamente, aunque estaban sin presupuestar, en esa lista, a la que ha tenido acceso Viva Huelva, aparecen como pagadas. De hecho, de 14 páginas de facturas sin presupuestar, sólo estas dos, junto con otras dos relativas a Las Metas, aparecen como pagadas. Y se pagaron a pesar de contar con dos informes en contra. Por un lado, el secretario de la Gerencia de Urbanismo, con fecha de 24 de junio de 2011, emitió un informe en el que mostraba su disconformidad con dichas facturas.
Así, aunque reconocía que “el devengo de honorarios es consecuencia del contrato de prestación de servicios entre el letrado y su cliente, en el que ambos pueden pactar libremente la cuantía, teniendo los baremos que establezcan los Colegios Profesionales de Abogados sólo carácter orientativo”, sentenciaba que “entendemos que las cuantías facturadas exceden sustancialmente de las liquidadas habitualmente por los letrados que han prestado servicios de asistencia jurídica a la Gerencia en procedimientos contencioso-administrativos, que con carácter general se han mantenido dentro de los límites del contrato menor de prestación de servicios”.
Asimismo, en un informe de fiscalización posterior, del 14 de julio de 2011, suscrito por la economista municipal y el interventor delegado, se recuerda el informe desfavorable de la Secretaría por la “excesiva cuantía” de ambas facturas y recuerdan que no cuentan con consignación en el presupuesto de la Gerencia de 2011, por lo que entendían que debía ser el pleno el que diera el visto bueno al reconocimiento de la deuda. Así lo aprobó el 29 de julio de ese año el Consejo de Gestión de la Gerencia, pero estas facturas aún siguen dando tumbos.
